Un control de precios light

Luego de prácticamente desarticular el programa Precios Cuidados, el Gobierno Nacional anunció esta semana un nuevo programa de seguimiento de precios vía web. Los primeros datos que se dieron a conocer sobre el nuevo sistema indican que se trata más de una estrategia de marketing político, en un contexto en donde la inflación se está desmadrando y se necesita una señal de que “algo se está haciendo”, que una institución genuina para contener la nueva escalada de los precios.

Se trata del Sistema Electrónico de Control de Precios (SEPA), un nuevo método de monitoreo de precios, que será implementado por la Secretaría de Comercio. Se van a publicar los precios de alrededor de unos 1.000 productos de grandes supermercados (obligatoriamente) y comercios minoristas (los que deseen adherir), con periodicidad diaria y a través de la plataforma de una nueva página web. La intención de fondo es que estos precios coincidan con los valores colocados en las góndolas y, en caso contrario, aplicar sanciones en el marco de las leyes de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial (22.802).

No está de más recalcar que mediante este sistema solo se controla que los precios se publiquen en el sitio web, y que esos valores coincidan con los precios de las góndolas. Es decir que no va a tener como objetivo directo el de regular los precios, ni mucho menos revisar los altísimos márgenes de rentabilidad con los que se manejan las grandes cadenas de supermercados.

Una de las tantas falencias que se pueden mencionar a priori sobre este sistema de control de precios light es que presupone que todas las familias tienen acceso a internet y a su vez que todos los miembros de esa familia dotada de esa capacidad material posee a su vez el conocimiento informático suficiente como para poder manipular una computadora y comparar los precios. En la práctica esto no se verifica, y la brecha tecnológica impide, en muchos casos, acceder a la información que eventualmente se va a publicar. Por todo lo anterior se puede afirmar que desde el vamos, el universo de eventuales beneficiarios del programa estará acotado.

Pareciera ser además un programa destinado a los estratos menos longevos de la sociedad, dejando de lado a una gran parte de los jubilados por ejemplo, dentro de los cuales el uso de los celulares y las computadoras se encuentra menos difundido.

Por otro lado resulta como mínimo optimista pretender que todos los consumidores se van a tomar el trabajo constante de entrar a una página web antes de realizar sus compras en el supermercado. Difícilmente esto suceda y aún, aunque sucediera, no va a garantizar que bajen los precios. En el mejor de los casos sólo se va a logar que los precios del sitio web y las góndolas coincidan, más allá de si se trata de precios bajos o altos, con márgenes de rentabilidad adecuados o márgenes abusivos.

El cuanto al acceso a la tecnología, si bien se ha incrementado en los últimos años, las estadísticas marcan que alrededor de un 40% de los hogares todavía carecen de acceso a internet. Según la Encuesta Nacional sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación divulgada por el Indec, un 33% de los hogares de la Argentina no cuenta con una computadora, mientras que el porcentaje de hogares sin acceso a internet es un tanto mayor (38,2%). Es decir que, antes de ponerse en práctica, 4 de cada 10 argentinos no van a poder acceder a los supuestos beneficios que se buscan con el nuevo sistema.

Cabe destacar además que el beneficio de la aplicación del SEPA se acota mucho más si entendemos que el porcentaje de personas que hace sus compras diariamente en los supermercados forzados a dar publicidad de sus precios no incluye a la totalidad de la población. Más aún, este número de personas a las que favorecerá la información del sistema va decreciendo a medida que nos alejamos de los centros urbanos, ya que ganan en preeminencia los negocios de proximidad y los almacenes históricos de barrio/pueblo. Por lo tanto, esta política no sólo supone una ventaja relativa para los estratos de la población con alcance tecnológico, sino también, mejora las condiciones de los núcleos urbanos, en detrimento de las periferias urbanas.

Con todo, se puede decir que este sistema se inscribe en la lógica general que vienen manteniendo las políticas del PRO. Cuando producen una mejora o un intento de mejora institucional esta producirá, en el mejor de los casos, una transferencia de recursos hacia sectores con mayor poder adquisitivo. En este caso en particular, la transferencia se verificaría a partir del aumento de precios generalizado, y desde los sectores más vulnerables (por ejemplo quienes tienen menor acceso a la tecnología) hacia los estratos medios y altos. Además, para que estos se apropien del beneficio, se debería asumir que harán uso de la ventaja informativa para decidir sus compras en el lugar más barato, evitando así los perjuicios de la inflación. Como se puede notar, este supuesto es ya de por sí restrictivo.

A nivel macroeconómico, en las últimas semanas el gobierno nacional ha implementado una serie de medidas que aceleraron el aumento de precios de manera rotunda, tal cual lo reflejan los índices provinciales de inflación, como el IPC de San Luis (que avanzó el 6,5% en diciembre) y el propio IPC CABA (que subió un +3,9% y un 4,1% para diciembre y enero respetivamente). En este contexto, y ante el descontento social vigente, necesitaba dar una señal de que la cuestión de los precios se encuentra dentro de los temas de agenda. Pero la única señal provino de un programa cuyos resultados esperados son, en principio, cuestionables y luego de haber erosionado el papel de la Secretaría de Comercio en su rol de reguladora de los precios internos.

Por ejemplo mediante el recorte del programa Precios Cuidados, que pasó de estar compuesto por 512 productos en la gestión kirchnerista a poco más de 300 con la llegada del nuevo gobierno, y sin incluir en la canasta ofrecida productos fundamentales como carnes, frutas y verduras. También se produjo el desmantelamiento de la Red Com.Pr.Ar, el programa que contaba con Supermercados administrados por el Estado y comercios de venta mayorista destinados a abastecer a pequeños almacenes y comercios adheridos.

A esta altura resulta claro que el control de la inflación no es un objetivo fundamental, al menos en el corto plazo, para el nuevo gobierno. Todas las políticas aplicadas hasta el momento estuvieron en consonancia con una aceleración en la inflación doméstica.

En los próximos meses, sin un índice de precios nacional oficial, con el desmantelamiento de algunos programas de la Secretaría de Comercio y el achicamiento de otros, y con el polémico programa de control de precios web, todo indicaría que los precios quedarán sujetos a los designios de las grandes cadenas de comercialización en perjuicio, claro está, de todos los consumidores.

Sergio Soloaga