Revisar y auditar la deuda del Grupo Macri en el siglo XXI.


El pasado 25 de mayo, durante la entrevista de C5N a Cristina Fernández de Kirchner, la Presidenta expresó la necesidad de revisar y auditar el endeudamiento macrista. Específicamente dijo: “Hay que revisar la deuda. Estamos endeudados en 97.000 millones de dólares, más del doble de lo que se endeudó la dictadura”. Y agregó: “Tiene que haber una ley de revisión y auditoría de adónde fue esa plata. No fue a obra pública, no fue a los jubilados. Quién se la llevó, adónde está todo esto. Tienen que explicar qué hicieron con esto que entró. No se sabe dónde está ese dinero…”. Estas declaraciones, y lo que ellas implican, marcan un hito en la historia del endeudamiento como herramienta de sometimiento del pueblo argentino y de una Nación soberana, autosuficiente y moderna. La decisión de la conductora y líder de la principal fuerza opositora de revisar y auditar la deuda contraída por el neoliberalismo a un año y medio de gestión viene, por un lado, a dar continuidad a la política de desendeudamiento iniciada por Néstor Kirchner y profundizada por ella misma durante sus dos gobiernos; y por el otro, a retomar la tarea inconclusa del Presidente Raúl Alfonsín en la materia, inconclusa no porque la Presidenta se proponga trabajar sobre la deuda contraída por la dictadura sino porque aquella deuda es similar en su naturaleza “odiosa” a la contraída por el actual Presidente, cuyo apellido está además fuertemente vinculado al endeudamiento entre 1976 y 1983. En otras palabras, revisar y auditar la deuda del Grupo Macri en el siglo XXI es asestar un durísimo golpe a los estafadores, buitres y caranchos del pueblo argentino; y es también, y por sobre todas las cosas, brindarle a la ciudadanía una herramienta fundamental para su triunfo definitivo.


Fuente: Ámbito Financiero, 1 de septiembre de 2016. Se lee: “El senador nacional Fernando “Pino” Solanas y el historiador e investigador de la deuda externa, Alejandro Olmos, aportaron a la Justicia información clave sobre el “modus operandi” del clan Macri durante la época de la estatización de los créditos del sector privado tomados en el exterior, que se vincula directamente a la denuncia con sociedades offshore destapadas con los Panamá Papers”. La estafa del endeudamiento de la dictadura cívico-militar tuvo al Grupo Macri como uno de sus principales favorecidos. Cuatro décadas más tarde, la misma estafa del endeudamiento vuelve al ruedo, aunque esta vez directamente digitada por el Grupo Macri en el poder y a los efectos de sostener un gobierno exclusivamente diseñado para retomar sus negociados -y los de sus amigos y parientes- discontinuados durante el kirchnerismo y para multiplicarlos a extremos inéditos y grotescos.

Revisión de deuda y la “positiva herencia” alfonsinista
Alfonsín asumió un país desmantelado y endeudado hasta la coronilla. Las “metas de inflación” habían logrado sus objetivos: entre 1976 y 1983, la deuda externa saltó de 9.700 a 41.042 millones de dólares (43.600 millones de dólares para el gobierno). Los intereses para 1983 eran de 5.500 millones -70% del valor de las exportaciones- y un déficit de cuenta corriente de 2.570 millones (ver bibliografía).

Las primeras manifestaciones del radicalismo en el poder en relación a la deuda externa parecían querer aprovechar la oportunidad histórica del masivo rechazo popular a las políticas genocidas de la dictadura. No existió momento más propicio para declarar “deuda odiosa” a la deuda externa argentina que en aquellos tiempos.

A comienzos de 1984, el ministerio de Economía tenía la orden de incluir en las gestiones con el FMI y los bancos acreedores la cuestión de la ilegitimidad de la deuda. La carta de intención enviada al Fondo el 9 de junio de 1984 y firmada por el ministro Bernardo Grinspun afirmaba que la deuda “…fue contraída a través de la aplicación de una política económica autoritaria y arbitraria, en la cual los acreedores tuvieron una activa participación sin beneficio alguno para el pueblo argentina, el gran ausente en todo este proceso…”.

Revisión y auditoría de deuda: primera aparición del Grupo Macri
Pero la posición del gobierno de Alfonsín sobre el problema de la deuda remitida al Fondo no quedó restringida a una simple carta de intención, sino que se sustentaba en una ley, promulgada por el Congreso de la Nación el 13 de junio de 1984.

Nos referimos a la Ley 23.062, normativa que establecía: “…carecen de validez jurídica las normas y los actos administrativos, emanadas de las autoridades de facto surgidas por un acto de rebelión, y los procesos judiciales y sus sentencias, que tengan por objeto el juzgamiento o la imposición de sanciones a los integrantes de los poderes constitucionales, aún cuando quieran fundarse en pretendidos poderes revolucionarios”.

Un mes más tarde, específicamente el 5 de julio, Grinspun instruía al Presidente del Banco Central el dictamen de la Circular 340. Alejandro Olmos en su célebre libro “Todo lo que Usted quiso saber sobre la Deuda Externa y siempre se lo ocultaron”, explica a propósito que mediante dicha normativa “se disponía la conformación de un cuerpo de contadores, que tendría a su cargo el análisis de las declaraciones de deuda en moneda extranjera al 31 de octubre de 1983 efectuadas por los deudores privados. La división de la deuda en legítima e ilegítima debía basarse en los siguientes parámetros: a) Cuando el acreedor del exterior no confirme o niegue la existencia de una deuda ante el pedido de conformación de saldos efectuada por el Banco Central; b) Cuando aparezca confusión en la calidad de deudor y acreedor, parcial o total, directa o indirectamente en una misma persona, a través de indicios graves, precisos y concordantes, o cualquier otro medio de prueba; c) Cuando la operación se realizase fuera de las prácticas de mercado generalmente aceptadas; y d) En todas aquellas situaciones en que la operación, a juicio del Banco Central y como resultado de la investigación, no se encuentre suficientemente acreditada”.

La deuda a revisar, según Alejandro Olmos, alcanzaba 17.000 millones de dólares, esto es, aproximadamente un 50% de la deuda financiera.

La tarea del BCRA fue encomiable. Se contrató un cuerpo de inspectores externos en calidad de auditores (también en el marco de la Circular 340), quienes además avanzaron sobre la deuda comercial. Los hallazgos fueron: “a) Anomalías en la concertación de seguros de cambio; b) Autopréstamos; c) Endeudamientos producidos por proyectos de inversión que no se efectuaron; d) Aportes de capital, disimulados como préstamos financieros; y e) Sobrefacturación y abultamiento de la deuda”.

Los auditores llegaron incluso a vincular la estafa con una larga lista de empresas imputadas. Olmos nos recuerda: “Entre esas empresas se pueden mencionar -a título de ejemplo, entre tantas otras- a Renault Argentina SA., Cargill SA., Petrolera Pérez Companc, Fiat, ISIN vinculada al “grupo Macri” (sic) y a Fiat, etcétera”.


La mención del apellido “Macri” figura en la página 115 del libro de Olmos. También aparece en la página 61 el ex director del Banco Nación en tiempos de Macri Presidente, Carlos Melconian, pieza clave del proceso de estatización de la deuda externa contraída por la dictadura.

Revisión de deuda y la alianza latinoamericana
A las iniciativas anteriores debemos sumar una última y estratégica: la preocupación por encarar el problema de la deuda externa en el marco regional a través de un bloque de países igualmente afectados por este flagelo.

Durante sus primeros meses de vida, el gobierno de Alfonsín intentaría impulsar una negociación de la deuda de carácter multilateral con los países latinoamericanos. El acontecimiento más destacado en este sentido fue la Conferencia de Quito, de enero de 1984.


En el histórico documento conocido como la Declaración de Quito, suscripto por los Jefes de Estado de la región, la denuncia de la crisis económica y social giró alrededor de la cuestión del endeudamiento perverso y sinérgico para esa misma crisis. Resulta ostensible el aporte argentino en las distintas propuestas.

En la declaración de Quito y sus propuestas para resolver la crisis regional, creada y agravada por el irrefrenable ascenso del neoliberalismo de la mano de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, se lee específicamente sobre el problema de la deuda:

1) “Esta crisis ha tenido su origen en factores internos y externos y su superación depende, en gran medida, de estos últimos, que escapan al control de nuestros países y limitan seriamente las opciones que tenemos para superarla. Las políticas económicas de algunos países industrializados han afectado severamente a los países en desarrollo y en particular a los de la región, en virtud de la vulnerabilidad y dependencia de sus economías y de su creciente
participación en las relaciones económicas internacionales. Tales políticas han provocado el deterioro constante de los términos del intercambio, la caída del comercio, el aumento excesivo de las tasas de interés y la brusca reversión del flujo de capitales. En este marco se inscribe el peso abrumador de nuestro endeudamiento externo”.

2) “Existe una íntima e inseparable vinculación entre comercio exterior y financiamiento internacional. Sólo el manejo conjunto de los dos factores que, entre otros efectos, permita el aumento de la capacidad de pago de nuestros países, capacidad a la cual tiene que adecuarse el servicio de la deuda, contribuirá a una solución positiva al problema del endeudamiento externo”.

Y 3) “La actitud de los gobiernos de América Latina y el Caribe, al reconocer y asumir sus obligaciones, reclama de parte de los gobiernos de los países acreedores, de los organismos financieros internacionales y de la banca privada internacional, una actitud de corresponsabilidad en la solución del problema de la deuda externa, teniendo en cuenta, además, sus implicaciones políticas y sociales. En consecuencia, se requieren criterios flexibles y realistas para la renegociación de la deuda, incluyendo plazos, períodos de gracia y tasas de interés compatibles con la recuperación del crecimiento económico. Sólo de esta forma podrá garantizarse la continuidad en el cumplimiento del servicio de la deuda“.

A la cumbre Quito seguirían la declaración conjunta con Brasil, México y Colombia en mayo de 1984, la Reunión de Cartagena en junio y la Segunda Reunión del “Grupo de Cartagena” en Mar del Plata, en septiembre del mismo año. Pero todas estas iniciativas se desarticularían con el amague de default de México, amague que derivaría en un acuerdo entre este país y los acreedores (arrastrando a Brasil) y con él, el fin de la estrategia de Grinspun del bloque regional anti-deuda.

La renuncia de Grinspun y el ascenso del primer macrismo (Melconian y González Fraga)
La presión de Washington, el FMI y el Banco Mundial, sumadas al poder de las corporaciones locales y la debilidad intrínseca del radicalismo en el poder, torció el brazo a las iniciativas oficiales tendientes a revisar y auditar el endeudamiento que la dictadura ejecutó ordenada por el sector empresarial nacional y extranjero que lo respaldaba (Grupo Macri, entre otros).

El 28 de diciembre de 1984 se aprobó el convenio stand by con el FMI. Sería el “salvataje” inaugural de una larga lista de “salvatajes” distribuida a lo largo de las primeras dos décadas del retorno constitucional. Como siempre, el desembolso dependería del cumplimiento de condicionalidades, entre ellas, control y reducción del gasto público, por un lado, y legitimación de la deuda a través de la reprogramación de vencimientos y eliminación de atrasos en los pagos a los acreedores externos por el otro.

La estatización de la deuda privada iniciada por Cavallo en 1982 arrancaba su fase final. En febrero de 1985, Washington y el Club de París conseguirían una nueva victoria: Grinspun es reemplazado por Sourrouille. Todo listo para ir a fondo con el Fondo. El nuevo ministro de Economía colocó en el Banco Central a José Luis Machinea, dando por cerrada la auditoría del organismo.

Olmos explica: “Para evitar que se pusieran en descubierto los fraudes surgidos durante el transcurso de la investigación, el 4 de diciembre de 1986 se produjo el informe 480/161 firmado por varios funcionarios -entre ellos, Melconian-, que fue elevado a la Gerencia de Estudios y Estadísticas del sector externo, mediante el cual se modificaba sustancialmente la circular 340, dejando reducida la investigación a verificar solamente la entrada de las divisas al país, obviando todas las disposiciones del Régimen Penal Cambiario, debido a lo cual se consagraba la legitimidad de las operaciones ilícitas. En ese informe se cuestionaban todas las interpretaciones de los expertos y se sostenía que “todo préstamo entre una empresa de capital extranjero y la sociedad del exterior que directa o indirectamente la controla o entre
una firma argentina y su filial en el exterior deben considerarse como celebrados entre partes independientes”. Este documento que consagraba la impunidad de las maniobras ilícitas con el exterior y donde se comprometían los fondos públicos, continuó perfeccionándose con otros instrumentos administrativos que sirvieron para cerrar definitivamente toda posibilidad de arribar a un resultado que impidiera al Estado hacerse cargo de obligaciones que no le correspondía pagar”.


El periodista Maximiliano Montenegro escribió el 11 de mayo de 2003: “Cuando [Melconian] era jefe del Departamento de Deuda Externa del Banco Central, el economista que Menem quiere como su ministro, ayudó a detener las investigaciones de lavados y autopréstamos por miles de millones de dólares”. Para Montenegro, Melconian “fue uno de los principales responsables de legalizar el proceso de estatización de la deuda externa privada, que ideó Domingo Cavallo como presidente del Banco Central de la dictadura… el joven Melconian, como jefe del Departamento de Deuda Externa de la entidad, archivó las investigaciones sobre fraudes cometidos por multinacionales y grupos económicos locales con los seguros de cambio a principios de los ochenta”.

El círculo de la estafa de la deuda ejecutada por la “democracia”, sus operadores de mercado y del terrorismo financiero, cerró cuando el director del BCRA designado por Carlos Menem, Dr. Javier González Fraga, disolvió apenas asumido el organismo creado para investigar, en el ámbito de dicho Banco, lo relativo al sector privado de la deuda externa.


Recordadas expresiones de uno de los economistas dilectos del macrismo, pilar de la estatización de la deuda que salvó al Grupo Macri. El señor González Fraga aparece citado en el libro de Olmos en la página 86.

Conclusiones
La estafa de la deuda continuó impasible y profundizándose Néstor Kirchner Presidente. Cabe recordar, en este sentido, su histórico discurso ante Naciones Unidas de septiembre de 2003: “Sin una concreta ayuda internacional que se encamine a permitir la reconstitución de la solvencia económica de los países endeudados y con ello su capacidad de pago, sin medidas que promuevan su crecimiento y desarrollo sustentable favoreciendo concretamente su acceso a los mercados y el crecimiento de sus exportaciones, el pago de la deuda se torna verdadera quimera“.

El Presidente argentino rescataba la mejor tradición nacional en materia de desendeudamiento, y que dos años después -a caballo del poder regional otorgado por el Consenso de Mar del Plata que él mismo forjó junto a Chávez y Lula- llevaría a la práctica con el canje de 2005 y la cancelación de deuda con el FMI.

Pero la política de desendeudamiento no concluiría allí, sino que sería profundizada por Cristina Fernández de Kirchner a través del canje de 2010, el acuerdo con el Club de París y el triunfo en Naciones Unidas sobre reestructuración de deudas soberanas, en septiembre de 2014 (la Resolución de la Asamblea General fue aprobada por 136 votos, 6 en contra y 41 abstenciones).


Cabe recordar los resultados de la votación de la resolución sobre reestructuración de deudas soberanas. A favor: 136 países. En contra: EEUU, Israel, Inglaterra, Alemania, Canadá y Japón. El noveno principio de la Resolución para los procesos de reestructuración de deudas soberanas, vergonzosamente violado por el macrismo, sostiene que “La reestructuración por mayoría implica que los acuerdos de reestructuración de la deuda soberana que sean aprobados por una mayoría cualificada de los acreedores de un Estado no se verán afectados, perjudicados u obstaculizados de otro modo por otros Estados o por una minoría no representativa de acreedores, que deben respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los acreedores…”.

Sin embargo, el endeudamiento como herramienta de sometimiento de una Argentina autosuficiente y soberana, así como de cualquier iniciativa popular, nacional y verdaderamente democrática volvería a escena de la mano de los discípulos de aquellos maestros del endeudamiento entre 1976 y 2002.

En efecto, vuelven a hacer estragos el macrismo y su pléyade de ex funcionarios de la “democracia” que convalidaron la estafa de la deuda del último cuarto del siglo XX. Tal y como denunció Cristina Fernández de Kirchner en su entrevista a C5N mencionada al comienzo, hablamos de 97.000 millones de dólares 97.000, “más del doble de lo que se endeudó la dictadura”. Volvieron y fueron mejores, no caben dudas.

Y es en este contexto histórico y político que debe mensurarse la trascendencia, también histórica y política, de la decisión de la ex Presidenta de revisar y auditar la deuda tomada por Mauricio Macri, apellido vinculado al origen de la deuda odiosa del siglo pasado, y el principal grupo económico beneficiado desde diciembre de 2015 a la fecha, a costa del pueblo argentino y gracias a un nuevo proceso de endeudamiento odioso, ilegítimo e insostenible.

Porque revisar y auditar la deuda de Macri, es revisar, auditar, exponer y denunciar la esencia misma del neoliberalismo, tanto presente como histórico; es comenzar, y esto consideramos vital, a desarticular la principal y recurrente barrera que impide a los proyectos nacionales, populares y democráticos, cada vez que llegan a la Casa Rosada, funcionar normalmente durante buena parte o incluso la totalidad de su mandato.

Revisar y auditar la deuda del Grupo Macri en el siglo XXI es asestar un durísimo golpe a los estafadores, buitres y caranchos del pueblo argentino; y es también, y por sobre todas las cosas, brindarle a la ciudadanía una herramienta fundamental para su triunfo definitivo.