Precio estratégico

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central sancionada en 2012 tuvo como objetivo ampliar el rol de la institución asignándole cuatro fines: la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo con equidad social. Esta modificación fue de trascendencia porque significó la asunción de objetivos múltiples en reemplazo de lo establecido por la ley promulgada durante el régimen de convertibilidad que definía como misión primaria y fundamental la defensa del valor de la moneda, limitándose sólo al primero de los fines asumidos por la legislación actual.

La asunción de esos objetivos múltiples se extiende al articulado de la ley que faculta al Banco Central a regular tasas de interés, a determinar medidas de direccionamiento de los préstamos y otras del mismo carácter, o sea a funciones que implican su participación en las definiciones de precios y cantidades para la orientación del crédito a fin de alcanzar los fines enunciados. Estas atribuciones se desprenden de lo dispuesto por el artículo 18 inciso a) que también dice que el BCRA “podrá comprar y vender a precios de mercado, en operaciones de contado y a término, títulos públicos, divisas y otros activos financieros con fines de regulación monetaria, cambiaria, financiera y crediticia”, así la regulación posible no se resume en el manejo de la cantidad de dinero sino también en el de la tasas de interés, en asignaciones cuantitativas del crédito –por ejemplo a pymes o regiones–, en regulaciones del precio de la divisa, en la determinación de límites o restricciones a su compra y venta.

El cambio en la Carta Orgánica ha resultado clave en términos de recuperar grados de libertad para intervenir en la economía en los temas que le compete al BCRA para lograr sus objetivos. Las políticas de anti-represión financiera que se habían desplegado en la desregulación de las tasas de interés dejando su fijación al libre mercado y también habían dispuesto un retiro de las regulaciones y limitaciones cuantitativas en las finanzas condujeron a crisis financieras y a una asignación del crédito que en nada favoreció al crecimiento industrial y al desarrollo económico. Estas políticas sumadas a otras de asignación de recursos por medio de las señales de precios de libre mercado promovieron la concentración de la riqueza y causaron el estancamiento del Producto y la desindustrialización durante el último cuarto del siglo pasado. Contribuyó a estos efectos devastadores la Ley de convertibilidad que impedía la flexibilidad en la administración de la política cambiaria.

El tipo de cambio es un precio clave de la economía. Esa importancia es más intensa en nuestro país, como en el conjunto de las economías periféricas cuyas monedas no han adquirido el carácter de divisas, es decir que no son aceptadas para funciones que exceden su ámbito local, pues la disposición de monedas que reúnan esta característica es indispensable para poder impulsar un proceso de desarrollo sostenido, en tal sentido es un recurso estratégico.

En Argentina la restricción externa que irrumpió cíclicamente luego de las fases de crecimiento y expansión da cuenta de ello. La experiencia vivida enseña que regulación cambiaria constituye una necesidad.

Los mercados son ámbitos de transacciones, o sea de ventas y de compras. Un debate recurrente entre las distintas corrientes de pensamiento económico se suscita alrededor de la conveniencia respecto a que los precios en los mercados queden sujetos a la determinación privada, es decir al resultado de las negociaciones entre oferentes y demandantes, a la determinación estatal, a una combinación de ambas, a lógicas de acuerdos. Para  corrientes que pretenden programas transformadores y críticos de las lógicas neoliberales,la definición pública de los precios de los bienes y servicios que atienden a los derechos económicos y sociales tienen el objetivo de garantizar que su acceso sea universal. Por otra parte, esos enfoques sostienen que en mercados muy concentrados –que en las economías actuales son predominantes– la intervención en su determinación apunta a evitar la imposición de condiciones por parte de los oligopolios. Los exponentes de la teoría del desarrollo han señalado que los mercados de recursos estratégicos requieren de la determinación de precios que modifiquen las señales mercantiles, porque éstas no resultan buenas asignadoras de los mismos.

Sin embargo, un fallo judicial de segunda instancia, en relación a las ventas de dólares en el mercado futuro sostiene que “determinar el precio de intervención en los mercados no es ofertar a precio de mercado” y a su vez afirma que se “vendieron dólares a futuro a precios sometidos a una cotización cambiaria de naturaleza administrativa y no de mercado”. Juzga desde un fundamentalismo liberal extremo la no pertinencia de la intervención pública para modificar señales de precio o establecerlos en un dispositivo de mercado, y en la práctica ilegaliza una regulación efectiva del BCRA sobre el cambio, que es una de las herramientas con que cuenta para alcanzar sus fines. Dictamina sin reparar en el carácter estratégico que tienen las divisas para el desarrollo nacional y el bienestar social. En el mismo fallo se le da entidad al mercado ilegal de divisas (denominándolo paralelo). Corresponde explicitar que el BCRA no intervino arbitrariamente sino con un criterio técnico específico, pero aunque el mismo hubiera sido más laxo o hubiera operado con más discrecionalidad para garantizar su objetivo regulatorio, tampoco hubiera sido reprobable.

En el fallo en primera instancia que lo antecedió se sostiene que el BCRA debió emitir dinero para cubrir posiciones vendidas de futuro y ello provocó inflación. Esta sentencia le reconoce al diagnóstico monetarista categoría de verdad sancionando que la emisión provoca inflación. Desde otras corrientes, de carácter heterodoxo y/o crítico, se sostiene con sólidos fundamentos que la inflación fue provocada por la gran devaluación que causó la liberalización cambiaria dispuesta por la nueva gestión y la forma en que se hizo.

Así sectores del Poder Judicial fallan sobre la base de la adopción del enfoque teórico de la economía ortodoxa como verdad irrefutable y de cumplimiento sin alternativas, y pretenden castigar el ejercicio del poder regulatorio de autoridades que no adhieran a las lógicas del paradigma de la globalización financiera.

Así mediante la judicialización de la política económica y basándose en la naturalización de las consignas de los grandes centros del poder financiero se procede a impulsar la condena de quienes en el ejercicio de funciones, legal y legítimamente asignadas, se basaron en un pensamiento nacional autónomo de imposiciones externas, así como también se intenta construir un precedente respecto a la inmutabilidad de una manera de pensar y formular las políticas económicas.

Por Guillermo Wierzba *

* Economista.