Los reestructurados vienen por todos nosotros

Hubo advertencias que retumbaron en las paredes del Congreso de la Nación, mientras una mayoría de diputados y senadores se aprestaban a dar luz verde al ejecutivo en su avanzada pro-buitre que le abriría la puerta a un nuevo ciclo de endeudamiento externo en Argentina. Muchos temíamos las consecuencias futuras de una capitulación firmada a la apuradas que le entregaba todo a los “campeones” de la usura internacional. Y sucedió: ya cursa su trámite judicial en Nueva York el primer reclamo de un bonista reestructurado que aceptó resignar el 65% de sus acreencias en 2005, en función de la oferta que hizo nuestro país en su primer canje, tras el default de 2001. Mohammad Ladjevardian se considera “estafado” por la Argentina, y así lo hizo saber en la presentación judicial ante el juzgado de Griesa, donde le reclama al juez buitre-friendly que embargue los 4.000 millones de dólares que la Argentina obtuvo -por fuera de la autorización del Congreso que había establecido un tope de 12.500 millones a la emisión para pagarle a Singer y sus amigos- en la colocación de deuda por 16.500 millones que el país realizó días atrás, descontado el pago a los fondos buitre.

El reclamo no es sorprendente, habida cuenta de la brutal diferencia de tratamiento que el gobierno de Macri dio a los buitres que suscribieron los acuerdos, en relación con la quita que habían aceptado los bonistas reestructurados que ingresaron en los canjes de 2005 y 2010 por el 93% del capital original defaulteado. Es que mientras éstos aprobaron cobrar 35 centavos de dólar por cada dólar de valor nominal que tenían en su poder, a los buitres se les otorgó, de base, el 100% del valor nominal de los títulos más un interés del 3% anual; sobre lo que hay que considerar que la apuesta de estos últimos fue considerablemente menor ya que compraron esos papeles (con posterioridad al default e incluso al primer canje) a precio vil, equivalente -en el caso de Singer, por ejemplo- a sólo 25 centavos de dólar por cada dólar de valor nominal.

Sin embargo, la falta de sorpresa no exime de la preocupación que dispara esta presentación. Más allá de que Griesa, como especulan en el gobierno, rechace en primera instancia el reclamo, éste continuará su camino en instancias judiciales superiores, planteando serias dudas sobre el futuro. Es insoslayable evaluar el jaque a la sustentabilidad de la deuda que implicaría un nuevo capítulo de juicios contra la Nación, esta vez en cabeza de los bonistas reestructurados, que obligara al país a emitir deuda por alrededor del 40% de nuestro PBI. Si la relación deuda en moneda extranjera a PBI representaba, para cuando Cristina Fernández de Kirchner dejó la primera magistratura, el 8%; esa misma relación se elevaría al 50% en caso de que hubiera que atender fallos favorables a favor de reestructurados reclamantes del mismo tratamiento que Cambiemos convalidó en favor de los buitres. Guarismos que, por cierto, podrían empeorar aún más si apreciamos la franca tendencia recesiva de la economía argentina en los últimos cuatro meses, sumado a la pérdida del superávit comercial (381 millones de dólares de déficit acumuló el primer trimestre de 2016, de acuerdo al informe del INDEC que lidera Jorge Todesca), producto de la crisis por la que atraviesa el comercio internacional que desploma las exportaciones, por un lado, y el abandono de la protección sobre nuestra economía en el marco de la nueva política de apertura importadora impuesta por el gobierno de Macri que favoreció un incremento del 10% en las cantidades importadas sólo en los primeros tres meses del año.

Mientras los buitres festejan una rentabilidad que llega hasta el 1900%, y la banca internacional colocadora hace lo propio tras haber embolsado 380 millones de dólares en comisiones (blanqueadas y ocultas), amén del fabuloso negocio futuro que esperan obtener gracias a las diligentes gestiones del JP Morgan boy, Alfonso Prat Gay, en el marco del nuevo ciclo de endeudamiento que el gobierno de la nueva derecha argentina ansía impulsar; nos queda, a la gran mayoría de argentinos, esperar que no prospere esta fiesta que se consuma sobre el embargo, no ya de los 4.000 millones de dólares con los que Sturzenegger espera engrosar las exhaustas reservas del Banco Central, abatidas por la fuga de capitales de 1.000 millones de dólares mensuales que habilitó el gobierno del off-shore team, sino sobre la agonía de las expectativas de desarrollo nacional y el futuro de la Nación. Si así fuere, que Dios y la Patria se lo demanden. Y que sepa el Pueblo argentino poner un límite ciudadano a los malhechores de nuestros sueños. Salud.

Fernanda Vallejos