Las 20 verdades que obligan a rechazar el proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional

En memoria de Aldo Ferrer.

Al Congreso de la Nación Argentina.

LAS 20 VERDADES QUE OBLIGAN A RECHAZAR EL PROYECTO PRESENTADO POR EL EJECUTIVO NACIONAL 

  1. En 2001 se defaultearon 81.000 millones de dólares. El 92.4% se reestructuró en 2005 y 2010, es decir, 75.000 millones de dólares. Quedaron pendientes de resolución otros 6.100 millones (holdouts). De esos 6.100 millones, 900 (1,1% de la deuda no reestructurada) estaban en manos de los buitres (la demanda original en el juzgado de Griesa), mientras otros 5.200 millones se hallaban en poder de otros holdouts.
  2. En el marco de la reestructuración, la oferta general (sin tramos minoristas) consistió en entregar un bono a 12 años por u$s 35 por cada u$s 100 defaulteados. El rendimiento de ese bono estaba atado al crecimiento del país (cupón PBI) más el reconocimiento de intereses atrasados. De modo que ese bono recibió, por esos conceptos, en valor presente, u$s 25 por cada u$s 100. Por lo tanto, un bonista que aceptó el canje cobró u$s 60 por cada u$s 100 defaulteados, u$s 35 en bonos y u$s 25 en efectivo.
  3. Argentina emitió bonos por algo menos de u$s 30.000 millones para resolver el 92,4% de la deuda en default, reestructurada por los canjes 2005/2010.
  4. El “acuerdo” con los fondos buitres, beneficiarios de la sentencia de Griesa (NML Capital, Aurelius Capital, Davidson Kempner y Bracebridge Capital), asciende a u$s 4.653 millones (4.418 más 235 millones de costas legales). El monto original reclamado ascendía a 5.891 millones, sobre lo cual se aplicaría una quita del 25%. Se trata de los fondos de inversión más especulativos, “fondos buitres”, que detentaban el 1,1% del valor nominal de la deuda defaulteada, próximo a los u$s 900 millones. El 100% de la deuda nominal es de 900 millones, pero hay que notar que estos fondos adquirieron los títulos a 25 centavos por cada dólar, por cuanto la inversión original de los buitres ascendió, en realidad, a 225 millones, números redondos. Si computando los holdins recibieron 35 dólares por cada 100 de valor nominal, los buitres estarían recibiendo 520. Descontando los 235 millones que se pagarían a los abogados de estos fondos, según lo ofrecido por el gobierno, los buitres estarían obteniendo, sobre una inversión original de 275 millones, una rentabilidad superior al 1900%.
  5. La ley Cerrojo, que se pretende derogar con el proyecto remitido por el Ejecutivo, establece que “los términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en la reestructuración de deuda dispuesta por el Decreto Nº 563/10″.
  6. Teniendo en consideración que los acuerdos que integran el anexo I del proyecto en cuestión favorecen escandalosamente a los buitres de la usura internacional que, además, no le prestaron un centavo a la Argentina por cuanto adquirieron los títulos en su poder no sólo a precio vil sino que con posterioridad a la reestructuración de la deuda soberana con la única intención de litigar contra la Nación, lesionando el interés de todos los argentinos, que se les ofreció, sin oponer defensa del interés nacional, pagarles 520 dólares por cada 25 centavos invertidos:
  7. ¿puede el señor presidente Macri o su equipo económico asegurarnos a los argentinos que “arreglar” con el 7,6% no implica “desarreglar” automáticamente al 92,4% de acreedores del canje, borrando con el codo la palabra que la Nación, por medio de este mismo Congreso, empeñara con fuerza de ley a través de la ley Cerrojo? Claramente NO.
  8. ¿Puede el señor presidente y su equipo económico ofrecer a los argentinos garantías de que esa inmensa mayoría que representa al 92,4% de la deuda reestructurada no vaya a acudir a algún tribunal repudiando el acuerdo del canje argumentando que fueron estafados en su “buena fe” por la Argentina, que primero propuso un arreglo, y ahora los “traiciona” ofreciendo uno mejor a los “buitres”, caída la cláusula RUFO? NO, tampoco.
  9. ¿Puede el señor presidente y su equipo económico aseverar razonablemente que esos bonistas reestructurados, no podrían plantear un “pari passu” al revés, en función de lo instaurado por Griesa, para generalizar los términos de la sentencia a los “hold ins”? No sólo NO puede sino que ya existen bonistas articulando su estrategia judicial contra nuestra Nación. Y cito las declaraciones de Tullio Zembo, representante de bonistas italianos que ingresaron en la reestructuración, publicadas en la prensa local, a través del portal INFOBAE del 02/02/2016: – De confirmarse un acuerdo con bonistas que no ingresaron en el canje, ¿los sectores que sí reestructuraron su deuda quedarían habilitados para iniciar algún tipo de reclamo?- Yo creo que sí. Las leyes de ustedes dicen que no se le puede pagar más a unos que a otros. Todos los bonistas deben ser tratados equitativamente. Esto es por el pari passu, un invento de la sentencia Griesa que permite que todos cobren lo mismo. Entonces un pago a los bonistas que quedaron afuera, que ustedes llaman fondos buitres, teóricamente habilitaría también un reclamo nuestro. Si yo soy igual a usted, usted es igual a mí. – Es muy probable entonces que este grupo de personas se presente ante la Justicia – No es un grupo de personas. Es el 94% de la deuda externa argentina. Estos señores que tienen sentencias a favor representan al 3%. Después están los “me too”, que no tienen sentencias pero están en la misma situación y se presentaron ante el juez Griesa para exigir el mismo tratamiento. Y luego están los bonistas italianos que están ante el Ciadi, no ante un tribunal de Nueva York, agrupados bajo el Task Force Argentina, representados judicialmente por el señor Nicola Stock. Él denunciaba tener deuda por USD 3000 millones. El señor ministro dijo que cerraron un acuerdo por 900, así que no sabemos cuál es la realidad del monto reivindicado. Tengo que imaginar que son 900 millones, que son mucho menos de aquellos que están afuera de una solución.
  10. Incluso, ante un pronunciamiento desfavorable sobre las cuestiones anteriores, ¿puede el señor presidente y su equipo económico asegurarnos que los holdins no vayan a insistir judicialmente pidiendo daños y perjuicios, basado en la “mala fe” contractual de la Argentina, al cambiar los términos del acuerdo con los acreedores? Por supuesto que NO.
  11. Como tampoco puede el señor presidente y su equipo garantizarnos que los holdins no intenten una “aceleración de los pagos”, o reclamen un resarcimiento por el tiempo que tuvieron inmovilizados sus fondos por la delirante “orden” de Griesa. Y vuelvo a citar a Tullio Zembo, en la misma nota publicada por INFOBAE: -“Sería oportuno que primero el Gobierno resolviese la situación de aquellos que sí entraron en el canje de deuda y sacrificaron el 65% de sus acreencias. Es malo que no se hable de ello y no vemos una solución”. – ¿Qué implica el preacuerdo anunciado por el ministro Alfonso Prat-Gray? – En realidad es algo que no nos concierne al 95% de los bonistas italianos. Decir que los bonistas italianos arreglaron es muy difícil porque los bonistas italianos no tenemos nada que arreglar porque ya entramos en el canje de 2010. La Argentina pagó regularmente hasta junio de 2014 cuando por efecto de la sentencia Griesa, ratificada por la Corte de los Estados Unidos, se bloqueó un pago que el país había hecho ante el Bank of New York (BONY). – ¿Cuál es la situación de esos bonistas? – Desde entonces los bonistas italianos que ingresaron al canje no cobran, están en default. Entonces sería oportuno preocuparse por tratar de ver cómo se puede solucionar la situación de aquellos bonistas que sacrificaron el 65% de sus acreencias y aceptaron un 35%. No se habla de ellos y no veo a corto plazo una solución posible por varios motivos.
  12. Pero además, está la oferta al resto de los tenedores de bonos que no ingresaron al canje 2005/2010 y que algunos de ellos obtuvieron sentencias en otros juzgados, los denominados “me too”. El valor nominal de la deuda defaulteada en poder de este grupo se aproximaría a u$s 5.200 millones. Al momento, los potenciales aceptantes alcanzarían al 85%. En ese marco, ¿puede el señor presidente y su equipo dar certezas de que la totalidad de los “holdout”, por fuera de las sentencias del juez Griesa, vaya a aceptar la oferta? Por supuesto que NO.
  13. Y peor, ¿puede el señor presidente y su equipo garantizarnos a los argentinos que, en caso de que ese 15% no acepte la oferta, no acudirán a sede judicial para iniciar un nuevo proceso e interrumpir los pagos argentinos al exterior? NO.
  14. No surgen, entonces, más allá de la descomunal ganancia de 1900% para los buitres, las ventajas aludidas por el señor ministro Prat Gay en relación con el cierre de la judicialización de la cuestión que nos ocupa y lo que sería su objetivo declarado, la mentada vuelta a los mercados de crédito internacional. Por el contrario, quedan expuestas enormes vulnerabilidades que abren una caja de Pandora sobre cuyas consecuencias deberemos responder las generaciones presentes y futuras de argentinos, como tantas otras veces en la historia, viéndonos sometidos a un proceso de sobreendeudamiento que clausura las mejoras aspiraciones de progreso y desarrollo económico y social de la Nación.
  15. Si para resarcir al 7% no reestructurado, el equipo económico plantea la necesidad de emitir bonos por aproximadamente US$ 15.000 millones, es posible estimar que, en el caso que eventualmente los holdins decidieran comportarse como me too en el marco del “arreglo” bajo análisis y tuvieran éxito en esa empresa, el stock de deuda a emitir rondaría los US$ 215.000 millones, equivalentes a alrededor del 40% del PBI. Ello elevaría la relación deuda (en moneda extranjera) / PBI a casi el 50%, cuando hoy ronda el 8%. Asumiendo una tasa de interés del 7% anual, sólo para afrontar los pagos del “servicio de la deuda” el saldo de la balanza comercial debería equivaler a no menos del 3,2% del PBI de cada año.
  16. Con la promesa de la “apertura del cepo” se configuró una brutal devaluación de más del 60%. La consecuencia ruinosa de abandonar la administración del tipo de cambio, que nos pone frente a una inflación del 50% para este año, y en paralelo la administración del comercio exterior levantando las licencias no automáticas, serán irremediablemente la pérdida de millones de puestos de trabajo en los años por venir. Las necesidades de financiar este descalabro en materia de política económica obliga ahora a argumentar que es imprescindible conseguir financiamiento a cualquier precio para tener reservas en el Banco Central que permitan la fuga de capitales y los pagos de las importaciones sin límites para destruir nuevamente el aparato productivo y las fuentes de trabajo. Sin embargo: a) Todos los países capitalistas del mundo administran y coordinan su política cambiaria y financiera (ej: en EE.UU la Reserva Federal y el Departamento de Estado) y el comercio exterior (permitiendo sólo ingresar bienes y servicios que no perjudiquen su estructura económico social, tal el caso de los subsidios a la producción agroalimentaria en EE.UU y Europa). b) Es falso que el endeudamiento pueda atender los desafíos de la economía Argentina, si no está direccionado a la inversión. La larga historia de sobreendeudamiento de nuestro país así lo demuestra. La deuda externa no ha significado sino un verdadero cepo al desarrollo, con la asfixia permanente sobre la política fiscal y la pérdida de soberanía, tras la imposición de ajustes permanentes sobre las grandes mayorías de argentinos so pretexto de atender los compromisos de la deuda. c) El gobierno actual ha demostrado ya que uno de sus ejes consiste en subrogar al acreedor, convirtiendo deuda intra – Estado en otra entre Estado y privados. Ahora bien, el PE puede ejecutar las políticas votadas por el Congreso en la medida en que – en los hechos – la aprobación de entes fuera de todo control político popular (como las “calificadoras”, los “mercados”, los OOMMCC – organismos multilatirales de crédito – y los jueces extranjeros) no se convierta en más crítica que la autorización legislativa. Queda claro, después de la experiencia clausurada en 2001, que ello NO sucede cuando el endeudamiento del país presenta dos características concurrentes: estar pactado en moneda extranjera e instrumentado otorgando prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros. e) La urgencia de la política económica del gobierno apunta no a volver a “los mercados”, sino  a volver a los mercados (financieros) internacionales lo cual – implícitamente y por motivos regulatorios – implica prorrogar jurisdicción para emitir deuda. No hay interés por desarrollar el mercado de capitales local, o en repatriar capitales argentinos en el exterior: se trata de adaptarse pasivamente a las necesidades del capital financiero transnacional, que exige sumisión y jugar “de local”, siempre. Mediante este artilugio, como claramente ha demostrado Griesa, se coloca a la República en situación de cuasi indefensión, visto que ni siquiera se le dispensan en tribunales extranjeros la protección legal que las leyes extranjeras proporcionan a una empresa comercial, o la que se prevé para las jurisdicciones subnacionales propias. La dependencia de “los mercados” y la prórroga de jurisdicción terminan por erigir a los grandes jugadores de las finanzas internacionales, las pseudo “calificadoras” y, en última instancia, a funcionarios de gobiernos extranjeros o de OOMMCC en un poder supraestatal, reservando para los poderes estatales formales de la Argentina el papel de simples “escribanos” que formalizan lo decidido en el extranjero. Un neocolonialismo basado en el capital financiero como ejército de ocupación invisibilizado, sin balas, pero con muertos y heridos comprobables. f) Sumemos a lo anterior el interminable sonsonete de la “inversión” (extranjera): si el ahorro interno no se canaliza hacia la inversión en el país, sino hacia el exterior por la vía del endeudamiento y la fuga de divisas, el acceso al crédito se revela determinante para que una empresa pueda crecer. Si la deuda actúa como una “aspiradora de ahorro interno”, las empresas más pequeñas del país sólo podrán crecer sobre la base de su autofinanciamiento, y es entonces cuando queda expuesta la principal consecuencia de políticas apoyadas en “atraer la inversión” (extranjera): la empresa extranjera, o que tiene acceso al mercado exterior de capitales podrá crecer al ritmo de sus negocios, mientras que la empresa de menor escala o sin acceso al mercado exterior de capitales quedará “confinada” al tamaño que pueda lograr a partir de los excedentes que sea capaz de generar. Con el correr del tiempo, las empresas hegemónicas de los sectores económicos relevantes no serán de capital nacional, sino extranjero; no por su mayor capacidad innovadora o superior capacidad de gestión, sino sencillamente porque han podido acceder al financiamiento y sumir en la penumbra a las demás, que sin el vital flujo quedarán condenadas a morir o convertirse en “oportunidad de negocios” para el capital extranjero que podrá adquirir nuestras firmas a precio de ganga. Si los decisores de las empresas más importantes, sus dueños e intereses más críticos están en el exterior, ¿puede eso conducir al país a su desarrollo autónomo, o simplemente (como en la experiencia de la “generacion del ’80”) el país se desarrollará como una sombra refleja del desarrollo de su metrópolis, y hasta donde resulte funcional a los intereses predominantes en aquella? Si ambas políticas (endeudamiento externo con agentes privados y atracción de la inversión extranjera) van en el mismo sentido: recortar la autonomía decisoria de los agentes económicos privados del país, y someter a las autoridades políticas a las presiones de lobbies y grupos de presión más o menos formales de modo tal de obligarlos a abandonar todo compromiso con sus electores en pos de preservar la “línea de vida” del crédito, este acuerdo que se promueve, tiene más el aspecto de un certificado de defunción de la soberanía nacional de la mano con la apertura de nuevo capítulo de neocolonialismo financiero. Y si a ello le sumamos la posibilidad de que “abrirnos al mundo” signifique simplemente ingresar al TPP (tratado trans Pacífico, denunciado por numerosos expertos, estudiosos y políticos por las enormes y ocultas cesiones de soberanía a favor de las multinacionales), la maniobra quedará concretada.
  17. Por todo lo anterior, debe notarse que los riesgos jurídicos, económicos, institucionales y sociales que engendra el acuerdo con los buitres, que se busca refrendar con la aprobación de este proyecto de ley, representan para la Nación un peligro de tal magnitud, que su mera existencia obliga a rechazar, sin más, la propuesta.
  18. Tan grande es la dimensión del riesgo que conllevaría la aprobación del proyecto que nos ocupa que nos exime de analizar otras aristas de la cuestión, tales como la impericia de la “negociación” que condujo, en el apremio, a que el monto de bonos a emitir para cancelar al 7,6% de la deuda en default ascienda a u$s 15.000 millones, lo que representa MÁS DEL 50% del total de U$S 29.600 millones en bonos emitidos para la reestructuración del 92,4% de la deuda defaulteada a través de los canjes 2005/2010.  O, el hecho de que la emisión de deuda por u$s 15.000 millones compromete severamente el programa financiero a futuro dado que le quitaría a la Argentina la mitad de su capacidad de endeudamiento en el mercado internacional sin que ingrese un sólo dólar fresco.
  19. No sorprende la entrega que se pretende perpetrar con el presente proyecto de Ley, porque ello está en la raíz de la ideología que nutre a los equipos del actual gobierno, donde el presidente proviene de un grupo económico que se benefició de la deuda impulsada por la última dictadura cívico-militar, luego nacionalizada, y que termináramos pagando todos los argentinos; esa misma deuda cuya investigación fue clausurada por el actual presidente del Banco Nación, cuando era funcionario del BCRA; donde el actual presidente del Banco Central se encuentra procesado por su espuria participación en el magacanje de la Alianza, favoreciendo a los bancos que participaron de la operación (a los que ahora debería controlar) y que le costó a la Nación 55.000 millones de dólares. Se trata del mismo gobierno al que no le tembló el pulso para, con un cinismo pocas veces visto, mientras hizo propanganda con el slogan de “pobreza cero”, en sus primeros 60 días de gobierno, produjo una transferencia de ingresos tan descomunal que creó 1.400.000 nuevos pobres y quebró la tendencia persistente de reducción de la desocupación, llevando esa tasa de 5.9 a 6.3%. Como ha señalado el Santo Padre Francisco en su primera Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium: “54. …algunos todavía defienden las teorías del «derrame», que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Mientras tanto, los excluidos siguen esperando. (…) 56. Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. (…) En este sistema, que tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil (…) queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta. ”
  20. Sin embargo, no tengo dudas, y así también lo demuestra nuestra historia, la de un Pueblo que ha sufrido repetidas vejaciones en nombre de aquella ideología y aquellos intereses, que no se agotan las reservas morales y el espíritu emancipatorio que anida en las mayorías de hombres y mujeres de buena fe que no renuncian a la aspiración de construir una sociedad más justa y más igualitaria, una Nación independiente y desarrollada. Por ello, tengo plena certeza que también en esta casa, habitan esos hombres y mujeres, compatriotas de buena fe, que aman a esta Patria y a este Pueblo, y que son ellos, armados de la enorme responsabilidad institucional que el Pueblo, a través de su voto, les ha conferido, los que representando los intereses de las mayorías de argentinos, presentes y futuras, le cerrarán las puertas a un pasado conocido y doloroso que pretende restaurarse entre nosotros, rechazando de plano la propuesta en cuestión. Porque no hay otra gobernabilidad posible que no sea la de la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Patria. Muchas gracias.
Fernanda Vallejos