Informe Semanal de Políticas de Precios

Semana del 06/06/2016 al 12/06/2016

Consideraciones Generales

Luego de la primera semana del sexto mes del año, el alivio en la economía parece estar lejos aún. Desde el gobierno nacional ya se escuchan voces de algunos ministros y funcionarios que admiten que la tranquilidad podría no darse en 2016 y si en 2017, pero recién en su segundo semestre. La lluvia de dólares tan esperada no ha llegado como los anuncios de campaña habían prometido. Y agravada la situación debido a la brusca devaluación del peso a fines del 2015, sumado a los tarifazos y el estrepitoso aumento de combustibles hace que sean pocas las alternativas que le quedan al equipo conducido por Mauricio Macri. En una semana donde se discute en el Congreso de la Nación leyes como el pago de los juicios a los jubilados, el blanqueo de capitales, la quita del pago de ganancias del primer aguinaldo del año, el gobierno nacional busca a manotazos de ahogado un poco de paz.

El caso de las Pymes

En un contexto en el que las pequeñas y medianas empresas se ven duramente golpeadas por los tarifazos energéticos, la apertura de las exportaciones, la caída en las ventas por una caída en el consumo, la pelea por el costo de la energía es la única que pueden dar. Las organizaciones afectadas por la suba de tarifas de luz, gas y agua se reunieron y dejaron en claro que las medidas de “alivio” son insuficientes.

Pymes, cooperativas, empresas recuperadas, clubes de barrio y centros culturales dejaron en claro que las medidas de alivio tarifario que recibieron de parte del macrismo son insuficientes y que continuarán con las presentaciones judiciales y las protestas. Esas entidades lanzaron una convocatoria multisectorial para canalizar sus reclamos en contra del Gobierno y organizar las movilizaciones en la calle. El diagnóstico es compartido: a pesar de que la boleta aumente “sólo” un 500  por ciento, el cambio tarifario abrupto en un contexto de desplome de las ventas, apertura de importaciones y aumento de otros costos por la megadevaluación deja a miles de puestos de trabajo en la cuerda floja.

Se reunieron cientos de dirigentes pymes, cooperativistas, de los clubes y centros culturales en el auditorio del Hotel Bauen para definir una respuesta unificada frente a la política económica agresiva que reciben del macrismo. Hubo una jornada de actividades de unos 6 mil clubes de barrio en la Plaza de Mayo, movilizados por la Unión Nacional de Clubes de Barrio.

En la Matanza por su parte la cosa fue diferente. La Matanza, que cuenta con 1,8 millones de habitantes, fue el primer partido del conurbano bonaerense en obtener un amparo a favor para frenar los incrementos de las tarifas de los servicios públicos. La intendenta Verónica Magario se había presentado ante la justicia para pedir la anulación de los aumentos de electricidad, gas y agua para todos los usuarios, residenciales, industriales y comerciales, debido al impacto en la capacidad de compra de la población y la estructura de costos de las industrias y los comercios. La resolución de la jueza Edith Rota así lo establece. Determina la suspensión de la aplicación de los incrementos dispuestos en las facturas que aún no hayan sido emitidas por prestadoras del servicio. Las boletas deberán realizarse con el tarifario anterior a los aumentos. En caso de haberse emitido las facturas y que los usuarios hayan pagado el monto con el aumento, los importes deberán tenerse por pagados a cuenta.

“La idea de presentar el amparo surgió como iniciativa de la intendenta tras reuniones con las cámaras de comerciantes y sindicatos de La Matanza. A la caída de la demanda desde principios de año se agregaba el problema del tarifazo. Las industrias y comercios, por el menor consumo, perdieron capacidad de trasladar los aumentos de costos por la suba de las boletas a los precios finales y, por tanto, se configuraba un escenario en el que directamente iban a pérdida”, explicó Roberto Feletti, ministro de Hacienda del partido de La Matanza.

En Laferrer, en González Catán, entre otras localidades, la caída de la demanda en los últimos meses fue muy fuerte, aseguró el ex viceministro de Economía. Agregó que esto provocó una desaceleración notable en el movimiento de los comercios de la zona, con una población que redujo su poder de compra sensiblemente. Precisó además que las tensiones de actividad no fueron sólo para los comerciantes, sino que en el caso de los establecimientos fabriles también empezaron a observarse problemas importantes. “Las industrias de La Matanza son en gran parte sectores  protegidos, es decir que para poder abastecer al mercado interno deben tener cierto respaldo de la competencia del resto del mundo, que puede entrar con productos al país a precios muchos más bajos. El calzado y los textiles, por caso, son dos de las ramas que más están sufriendo las propuestas de apertura comercial indiscriminada del Gobierno. Por ahora no es tan notable la entrada de importaciones de Brasil o China de estos productos, pero sí se siente fuerte que los grandes comercializadores dejaron de acumular stocks de producción local con la idea de empezar a comprar a menor precio artículos importados”, dijo.

El objetivo de la presentación del amparo fue tratar de cuidar a la población pero también al entramado productivo de los efectos de las políticas liberales del equipo económico de Mauricio Macri, según Feletti, quien reconoció que es posible que haya una respuesta legal de Cambiemos para apelar esta decisión de la justicia que frenó las subas tanto de luz como del resto de los servicos públicos.

Por otro lado, el gobierno nacional solicitó una medida inhibitoria de los amparos contra los aumentos del gas. Una jueza le dio la razón y ordenó remitir todas las causas al fuero contencioso administrativo de la Capital.

Los juzgados del interior donde se tramitan causas contra el aumento de tarifas deberán remitirlas a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, según lo ordenó la magistrada María Alejandra Biotti, titular del Juzgado número 5 de dicho fuero, a instancias de lo solicitado por el Estado nacional. La jueza Biotti le reclamó a los juzgados federales de La Plata, Rawson, Río Gallegos, Bariloche, Mendoza, San Rafael, Ushuaia y Salta que remitan los expedientes que tienen en trámite al juzgado porteño, ya que la ciudad de Buenos Aires es la sede administrativa del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, de la cual emanan las resoluciones que dictan los aumentos de tarifas cuestionados. Resta saber si los juzgados del interior del país remitirán los expedientes o rechazarán el planteo de la jueza porteña. En el último caso, la doctora Biotti pide que las causas se remitan por elevación “al tribunal correspondiente para dirimir la contienda de competencia”.

La inhibitoria planteada por el Estado nacional para bloquear las medidas que ordenaron congelar el tarifazo tuvo respuesta favorable en la titular del juzgado contencioso administrativo 5, quien entendió todo que todas las causas abiertas en decenas de localidades del país contra el aumento del gas debían ser remitidas “a los tribunales competentes”. Las resoluciones impugnadas en las diferentes causas son la 28 y la 31 del Ministerio de Energía. La primera fija los nuevos precios del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, la segunda establece el nuevo cuadro tarifario integral, en ambos casos a partir de abril. Según el fallo judicial, las causas en que se impugnan las Resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, como se trata de actos que emanan de una autoridad nacional, “corresponden a la competencia Contencioso Administrativo Federal por razón de la materia”.

Considera la jueza que “la revisión en sede administrativa de actos adoptados por autoridades nacionales debe tramitar ante los tribunales del lugar del asiento de la autoridad de la que emanan”. Por ello, “la impugnación de actos emanados de autoridades nacionales dictados en la ciudad de Buenos Aires, determina la competencia del Fuero Contencioso Administrativo Federal con asiento en esta Ciudad y la consiguiente inhibitoria de los tribunales contencioso administrativos con asiento en el interior del país”, agrega el fallo.

La causa presentada por el Estado hace foco en el amparo concedido por el juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata N°4, a cargo de Alberto Recondo, quien ordenó al Ministerio de Energía y Minería de la Nación que convoque en un plazo de veinte días a una audiencia pública para tratar “con amplia participación ciudadana” las nuevas tarifas de gas natural. Las consecuencias del fallo se extenderán a todo el país, conforme el reclamo efectuado por la Procuración del Tesoro en el pedido de inhibitoria.

El lunes 6, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal apeló un fallo dictado por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal No 1 de La Plata, Luis Federico Arias, quien ordenó que no se paguen las boletas con las nuevas tarifas. En tanto que ese mismo día, el partido de La Matanza se convertía en el primer distrito que logró frenar en bloque todos los aumentos de servicios domiciliarios –electricidad, gas natural y agua corriente– a través de un amparo: la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 10, la jueza Edith Irene Rota, entendió que Verónica Magario, en su carácter de intendenta, representa a la totalidad del municipio, y que las medidas de aumento “son susceptibles de generar un perjuicio irreparable a los usuarios de los servicios públicos señalados”. Por lo tanto, dispuso “la suspensión de la aplicación de los incrementos dispuestos” en las facturas que aún no hayan sido emitidas. Las boletas deberán realizarse con el tarifario anterior a los aumentos.

Ayer, a través de la Resolución 99/2016 el Ministerio de Energía, publicada en el Boletín Oficial, se formalizó la corrección del cuadro tarifario anunciada la semana  pasada tras las reuniones entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y gobernadores de todo el país. La medida dispone un tope del 400 por ciento de aumento para los consumos de usuarios residenciales, y del 500 por ciento para usuarios pyme

Por otra otra parte, mediante la resolución 111/2016 de la Secretaría de Energía, también publicada ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno amplió a 300 kWh/mes el umbral de consumo de energía eléctrica para acceder a la tarifa social en hogares de las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco.

Aumento en los Celulares

Las tarifas de telefonía celular aumentarán hasta un 14 por ciento a partir de julio. En el caso de Personal, desde la empresa informaron que la modificación del precio entrará en vigencia a partir del 25 de julio, aunque sólo será en los planes con tarjeta. La suba llegará al 10,8 por ciento y para compensar el cliente se beneficiará con el pase de la cuota de datos diaria de 30MB a 50MB, por lo que tendrá un 67 por ciento más de capacidad para navegar. Movistar, por su parte, confirmó que el ajuste será del 14 por ciento. En julio impactará en el segmento corporativo y en agosto alcanzará a los individuos sobre productos pospago y prepago. Algunos planes, como los One con llamadas ilimitadas, no tendrán aumento, al igual que los importes de recargas de prepago que también se mantendrán sin cambios. En el caso de clientes pospago, dependerá del corte de su facturación y lo podrán ver reflejado en las facturas de septiembre. Por último, Claro informó que por ahora no subirá sus precios.

Por Ramiro Bogado