Golpe energético

Si bien restan definir algunas cuestiones (entre ellas el valor final de la tarifa), la resolución 6/2016 permite dilucidar algunos ejes:
a. En primer lugar, el aumento de la energía va camino a realizarse sin audiencia pública. Esto es producto de la declaración de emergencia eléctrica hasta diciembre de 2017, mediante un DNU firmado en diciembre último. Ello contradice lo establecido por la Ley 24.065 del año 1992, que indicaba que transportistas y distribuidores “podrán solicitar las modificaciones (a las tarifas) que consideren necesarias, si su pedido se basa en circunstancias objetivas y justificadas; el ente dará inmediata difusión pública a la misma por un plazo de treinta (30) días y convocará a una audiencia pública”.
b. La segunda consideración tiene que ver con la aplicación de esta resolución, que fue anunciada con carácter trimestral. Es decir, es de esperar que a partir del 1 de mayo se produzca un nuevo incremento tarifario vinculado con la generación de energía (en los considerandos de la norma se indica que este nuevo precio es estacional y “todavía sensiblemente menor al costo de abastecimiento del sistema”) y con la reducción de subsidios a la distribución (no mencionado en esta resolución), con significativo impacto en las zonas de AMBA y CABA.
c. El subsidio a la energía no constituye en la política económica del gobierno de Mauricio Macri un mecanismo de estímulo al crecimiento y desarrollo productivo. Por el contrario, forma parte de un negocio privado que además de beneficiar a empresas hidrocarburíferas proveedoras del estado busca garantizar la rentabilidad a las distribuidoras. En este sentido, es de apreciar que los precios de venta de energía han aumentado más de 3 veces. Indefectiblemente este impacto recaerá no sólo sobre el valor del consumo residencial (familias) sino también y sobre el consumo industrial y particularmente de las pymes. De acuerdo a lo establecido por la resolución, el aumento de los precios para la potencia por encima de 300 kilovatios es el siguiente:

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d. Segmentación (artículos 5 y 6 de la resolución). Si bien todavía no se encuentran definidas las tarifas, se puede concluir que aquellos usuarios residenciales verán incrementada su factura probablemente en tres veces el valor actual. La resolución establece “estímulos” para aquellos que reducen su consumo. Para este sector, el “incentivo” tendrá lugar al reducir el consumo en más del 20%, con un consiguiente aumento de la tarifa de sólo 1,9 veces. Con una reducción de consumo de energía entre el 10 y el 20%, el “beneficio” será un aumento en la factura de 2,3 veces el valor actual.
Una preocupación que emerge de esta resolución es qué sector costeará el peso de la quita del subsidio y de la aplicación de las tarifas sociales. Ante la desregulación e indexación tarifaria durante los años 90, lejos de una absorción del costo de la tarifa social por parte de las firmas energéticas, ello supuso que se incrementaran las tarifas de la clase media para costear los servicios de los sectores bajos. En el gráfico que sigue se visualiza la evolución de las tarifas de electricidad según segmento de consumidor entre 1991 y 2001. En efecto, la tarifa residencial de bajo consumo fue la que experimentó un aumento por encima de la media (de 10% entre 1991 y 1992, y luego fue moderándose), mientras que la tarifa industrial de alto consumo y la tarifa residencial de alto consumo fueron las que más se redujeron en la década.

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En la actualidad, como se observa a continuación, el gasto dedicado a electricidad es proporcionalmente mayor en los primeros deciles de ingreso, que representan a los estratos más ricos de la sociedad. Sólo aplicando un aumento del 100% en las tarifas (estimación conservadora), para el primer decil de menores ingresos ello supondría un aumento del peso del gasto de electricidad a un 7,8% sobre el total.

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Adicionalmente, la estimación del incremento tarifario puede ser aún superior. En efecto, como se visualiza en el siguiente cuadro, de eliminarse los subsidios en CABA y GBA de manera completa, el impacto sería superior al 100% mencionado previamente.
Considerando el valor del peso a 9,8, los aumentos porcentuales de la tarifa de energía eléctrica para CABA y GBA son superiores al 500% a excepción del consumo en el tramo de los 1500 kwh /bim, donde el aumento es del 350%. Si se toma un peso a 13,80 los aumentos en GBRA y CABA comienzan en un 493% y los más elevados son del 1158% para el consumo de menor magnitud de 300 kwh /bim.

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e. Tarifa social. La tarea de la segmentación en cabeza del Ministerio de Desarrollo Social presenta algunas dificultades:
1. Los beneficiarios eventualmente contemplados en el padrón de tarifa social deberán indefectiblemente reducir el consumo eléctrico para de este modo acceder al subsidio. Quien hoy consume 150 kwh en el AMBA, abona $4,40 fijos y una tarifa subsidiada de $0,082, lo que suma $16,74. Ese sería el monto que se ahorrarían los consumidores del segmento de 150 kilovatios/hora al mes.
2. Si el beneficiario está incluido en el padrón de tarifa social y no reduce el consumo, sólo ahorra los primeros 150 kw y el resto lo abona sin subsidio, al 100% (art 4 de la resolución), es decir, con un aumento tres veces por encima de lo que paga hoy.
3. La variable de segmentación según nivel de consumo no es adecuada dado que el consumo de los sectores de bajos ingresos suele ser más elevado según el tipo de electrodomésticos que utilicen. La segmentación tanto en gas como en agua tenía la ventaja de efectuarse sobre un consumo estable a lo largo del año, y cuya magnitud refleja, sin significativas distorsiones, el nivel de consumo efectivo de un hogar. En el caso de la electricidad, los hogares más humildes –que en general tampoco acceden a la red de gas- suelen gastar más (el consumo de un turbocalefactor gasta 2,4 kilovatios/hora de electricidad y una estufa de cuarzo gasta cerca de 2 kilovatios/hora, mientras que una heladera gasta 0,06 kilovatios/hora, por ejemplo).
4. Por otro lado, el titular del servicio puede no ser la misma persona que encuadre con la percepción de algún programa social, de haber jubilatorio mínimo, o portar certificado de discapacidad, por mencionar algunas de las posibles excepciones a realizarse, que podrían ser consideradas en la “tarifa social” anunciada por Aranguren. Sumado a ello, si eventualmente el subsidio se dirige al hogar, existen dificultades para efectuar una comprobación de cuántos y quiénes son los que cohabitan con el titular del servicio en el mismo hogar. Consiguientemente, se dificulta la reconstrucción del nivel de ingresos del hogar a los fines de evaluar las posibilidades de acceso al subsidio (se corre el riesgo de subsidiar según nivel de ingresos del titular sin observar si integra un grupo familiar con un nivel superior de ingresos -podría declararse como titular al de menor ingreso y así obtener el subsidio-).
5. Finalmente, el criterio de segmentación por “zonas geográficas” presentaría dificultades ya que podría mantenerse el subsidio a sectores de altos ingresos (solo pocas zonas del país como countries puede ser fácilmente identificadas como “de altos ingresos”), o a la inversa quitarlo a hogares de bajos recursos al interior de las zonas geográficas excluidas del subsidio.
6. La construcción de una base de datos que permita una correcta segmentación para la totalidad de los usuarios de electricidad significaría abordar un proceso de trabajo para completar dicha información. Posiblemente esta segmentación podría realizarse de manera manual mediante presentaciones de Declaraciones Juradas como se aplicó en el Programa Hogar y con posterior constatación de la información según las distintas basesde datos nacionales o de obras sociales. No obstante, a la luz de la concreción de los anuncios de eliminación de subsidios, este camino de trabajo y precisión en la segmentación no pareciera estar en agenda de Aranguren, al frente de la cartera de energía (ver opinión de CEPA: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/291313-76408-2016-01-28.html). 7. Otro interrogante es importante: ¿Cuántos podrían beneficiarse con la tarifa social de 150 kilovatios subsidiados al mes? Si consideramos el consumo –austero- de un hogar con dos televisores, dos ventiladores, una computadora, una plancha, una heladera (sólo encendida 4 horas) y el consumo de las luces, el mismo ascendería a 234 kilovatios al mes. Es decir, superaría los 150 kilovatios (kw) por mes de la tarifa social adelantada por Aranguren.

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En este escenario, la política sobre subsidios constituye una parte de una reformulación global del abordaje del sector energético en Argentina. Los beneficios a las grandes firmas energéticas, transformadas en proveedoras exclusivas de un estado que retrocede casilleros en su -aún insuficiente- diversificación de la matriz energética, tiene como contracara el encarecimiento del consumo energético para los hogares -en el marco de un ajuste fiscal que resulta “inevitable” luego de ingentes transferencias fiscales al poder económico-.

Hernán Letcher y Julia Strada – CEPA