FMI: ¿Pasado o Futuro?


 

Luego de que el gobierno conducido por el presidente Mauricio Macri comulgara claras intenciones de acercamientos al Fondo Monetario Internacional (FMI) se han disparado todo tipo de debates en torno al rol del organismo internacional y las recomendaciones que este hace a sus adherentes.

Las alertas se dispararon debido al bien conocido paquetes de medidas que trae consigo el FMI, ya que Argentina ha tenido una larga historia al respecto, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el endeudamiento externo, las exigencias al país para continuar por ese sendero y las consecuencias socioeconómicas que ello acarrea.

La llegada del Fondo Monetario Nacional se produjo el 19 de abril de 1956 de la mano del gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu, contrayendo así el primer préstamo con el organismo. La política económica aplicada desde el 55´, luego del derrocamiento de Juan Domingo Perón, desmanteló los pilares de las políticas peronistas mediante la desnacionalización de los depósitos bancarios, eliminación del control estatal sobre el comercio exterior, la finalización de los tipos de cambio diferenciados y la derogación de la Constitución Nacional sancionada en 1949, lo que significó un claro retroceso social para las clases populares.

Económicamente en el mundo iban desapareciendo las áreas cerradas, al tiempo que los capitales empezaban a fluir libremente por el globo, instalándose en mercados antes vedados. Argentina, que durante la etapa peronista había apostado al mercado interno en el contexto de la posguerra, al asociarse ahora al FMI, aceptaba la aplicación de ideas económicas ortodoxas. ¿En qué consistían las políticas? En el abandono de la emisión fiscal y de las subvenciones a sectores “artificiales”, abriendo los mercados y reactivando las actividades de exportación tradicional (agroexportadora).

Los empresarios coincidían en que cualquier modernización debía modificar el estatus logrado por los trabajadores durante el peronismo. Disminuyendo su participación en el ingreso nacional, elevando la productividad, racionalizando las tareas, reduciendo la mano de obra, restringiendo el poder sindical y el de los trabajadores. En síntesis, el obrero debía ganar menos y trabajar más, protestando lo menos posible.

Enumerando algunas de las principales medidas que fueron recomendadas por el FMI y la CEPAL encontramos las siguientes:

  • Se suprimieron los controles de cambio y la comercialización de exportaciones con intervención estatal. Los instrumentos a partir de los cuales el Estado intervenía en la economía (como el IAPI o el manejo de los depósitos bancarios) fueron desmontados.
  • Se aplicaron fuertes devaluaciones que beneficiaron a los sectores agrarios más concentrados.
  • Los salarios fueron congelados.
  • Se suprimieron todos los subsidios dirigidos al consumo de los sectores populares.
  • Argentina se incorporó al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial, con el objetivo de acceder al financiamiento externo.
  • No hubo una legislación clara sobre el capital extranjero.
  • Hubo un claro proceso de desindustrialización y sustitución de exportaciones (se reprimarizó el comercio exterior).
  • Se solicitaron medidas de contratación de trabajadores sin trabas sindicales ni burocráticas (flexibilización laboral).

Es así, que el gobierno de Aramburu en 1956 se unió al organismo y, a la vez, recibió un crédito de 100 millones de dólares del Eximbank, 75 millones del FMI, y otros 80 de bancos y empresas norteamericanas, con lo que se inicia una cadena interminable de préstamos que se sucedería por cinco décadas.

Las consecuencias no se hicieron esperar, la producción industrial y el consumo cayeron, la balanza comercial arrojó saldos deficitarios, la inflación se descontroló y hubo una importante transferencia de ingresos de las clases populares a los sectores más concentrados.

En los 60 también hubo desavenencias. Ya en 1964, el presidente radical Arturo Illia hizo énfasis en su campaña a las imposiciones del FMI. En 1969, cuando sucedió el Cordobazo, la deuda externa ya alcanzaba los 4 mil millones de dólares.

Tras el golpe de Estado de 1976 y la apertura económica de José Alfredo Martínez de Hoz se logra un mayor control sobre precios, pero a costa de un endeudamiento que se volvió incontrolable. En efecto, la inflación cayó de 386 por ciento anual en 1976, a 150 por ciento en 1977, pero la Argentina creció apenas 1,5 por ciento.

La deuda externa que en 1976 ascendía a 8 mil millones de dólares, aumento más de 400% en solo ocho años, hasta los 43 mil millones. El aumento de la deuda pública externa fue una constante en cada uno de los gobiernos que le siguieron.

En 1982, en coincidencia con la Guerra de Malvinas, México entra en cesación de pagos externos y se empieza a vislumbrar una inexorable crisis financiera regional.

Pero las elecciones de 1983 que consagraron a Raúl Alfonsín no trajeron consigo el bálsamo que la economía nacional necesitaba para despegar. Con la democracia continuó el endeudamiento, así como los pactos firmados y nunca cumplidos con el organismo. El fracaso de los planes Austral (1985) y Primavera (1987) concluyeron en la hiperinflación y la salida anticipada del gobierno.

Con el gobierno del menemismo se siguieron fuertemente los consejos y pedidos tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial y otros organismos de crédito internacional. Estas “recomendaciones” de corte económicamente ortodoxo, incluyeron aperturas en el comercio exterior y el movimiento de capitales, la desregulación de las actividades económicas, la privatización de empresas públicas y la reducción del aparato del Estado.

El modelo del menemismo se ahondó con la llegada de la Alianza, profundizando así aún más la política económica llevada adelante durante casi diez años. La crisis era inminente, y las consecuencias antes mencionadas no tardaron en aparecer sumándose un estallido social debido al alto nivel de pobreza, desempleo, caída en el consumo, la actividad económica y otros factores.

Luego de la salida del presidente Fernando De la Rúa Argentina debía aproximadamente 180 mil millones de dólares (a fin del año 2000 cada habitante le debía al exterior U$S 3.800).

Con ese devenir histórico la imagen del FMI quedó muy desgastada en la opinión pública, dándose una vuelta de página en la relación.

Con la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner cambia el paradigma del vínculo con el Fondo, aunque sin abandonar el organismo. Se realizan diferentes reestructuraciones y pagos de deudas, entre las cuales sobresale la de 2006, cuando se cancela de un solo pago la deuda con el FMI por un importe de 9.810 millones de dólares, medida que consigue gran aceptación social. Es mediante esta cancelación que el país gana en autonomía y soberanía económica, prescindiendo de las clásicas auditorías que anualmente realizaba el Fondo y, por ende, de sus recomendaciones de política económica.

En ese contexto, desde el alejamiento, Argentina pudo exhibir indicadores de crecimiento económico y mejoras en la inclusión social como pocas veces había tenido en su historia, si bien quedaban problemáticas socioeconómicas por resolver. Creció el PBI y el empleo, bajó el nivel de deuda externa en relación al producto, se proliferó la creación de empresas y todos los sectores económicos obtuvieron beneficios.

A partir de esta situación, y frente al estrepitoso fracaso de las recetas del Fondo en los ’90, mucho dirigentes políticos y economista se preguntaron para qué el país necesitaba retomar un vínculo que otrora tantos perjuicios había traído. Así, el organismo continuo generando grande rechazo en una importante porción de la población. Los acontecimientos sucedidos en Grecia traen a la memoria la crisis vivida y mantienen vivo el rechazo, a tal punto que el propio organismo flexibilizó algunos de sus postulados.

Con la llegada del nuevo gobierno, el giro en la política económica no puede prescindir  del espaldarazo del Fondo. Después de 10 años sin las clásicas “supervisiones” del organismo internacional, en el mes de septiembre el país volvió a ser monitoreado por un grupo de técnicos, reuniéndose con funcionarios nacionales de distinto rango.

Los resultados de la auditoría no traen nada nuevo, aunque el informe final se presentará públicamente en noviembre. Se elogió la nueva política económica en general, si bien muchos de los elogios vienen por la afinidad que tiene el Fondo con la nueva administración, algo que claramente no sucedió durante el kirchnerismo, pero que posee mucho contenido ideológico, ya que, como comentamos, después de las sucesivas crisis mundiales hasta el propio organismo recomienda intervenciones en la economía.

En el Informe de Perspectiva de la Economía Mundial del mes de octubre se sostiene que “Argentina ha iniciado una transición importante y muy necesaria hacia un marco de política económica más consistente y sostenible, que está teniendo un costo mayor de lo previsto en 2016, proyectándose un crecimiento de –1,8% (en comparación con la tasa de –1% pronosticada en abril). En 2017 se prevé que el crecimiento se afiance en 2,7% gracias a la moderación de la inflación y la adopción de una postura monetaria y fiscal más propicia.”

Para el Director del Departamento Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, los avances en materia de estadísticas han sido muy importantes, a la vez que se vio a favor del gradualismo, para no desatender la economía real y señaló que el gasto público debe ser más eficiente. Subrayó la importancia de que “en el mediano plazo los gastos sean consecuentes con las fuentes de ingreso” en una “estrategia integral de finanzas públicas, que logra por un lado que los gastos que el Gobierno tiene que hacer se financien de manera sostenible y a través de aquellos mecanismos que generen menos desincentivos a la producción y que no interfieran con el proceso de inversión, y por el lado del gasto, que se gaste bien y mejor, que se tenga un impacto social y productivo a través del gasto público”, postura que leída entre líneas deja latente la posibilidad de un ajuste fiscal.

Las políticas encardas por el actual gobierno, como el acuerdo logrado con los holdouts (fondos buitres), el abandono de los controles cambiarios y la libre compra de moneda extranjera; la eliminación de impuestos distorsivos, la cuestión de los subsidios y las tarifas de los servicios públicos, son vistas con buenos ojos por los técnicos del Fondo, sumado a lo que ellos consideran como el esfuerzo del gobierno para bajar la inflación. Además, apuntaron que la economía “toco fondo”, y en su concepción del sistema económico, el ajuste era inevitable, en un paralelismo con la pesada herencia del gobierno.

Las críticas, que se han vertido por lo bajo para no dar lugar a ningún ruido frente a la opinión pública, se centraron en la clásica visión ortodoxa del déficit fiscal, puntualmente por el agujero que podría generar el proyecto de “reparación histórica” a los jubilados, señalando que se tendrán que corregir los desequilibrios observados en el mediano plazo, financiado los gastos con recursos genuinos, un eufemismo de los tradicionales ajustes del gasto público sugeridos a las economías en desarrollo.

Mientras tanto, el gobierno optó por reducir impuestos a los sectores concentrados y mantener el nivel de déficit respecto del producto. El esquema económico de financiamiento del déficit fiscal vía endeudamiento y libre compra de moneda extranjera hace indispensable mantener una buena relación con el Fondo. Por un lado, porque el mercado financiero internacional así lo demanda, a la hora de fijar tasas de interés y exigir una especie de garantía de los capitales prestados en las políticas que se aplican y, por otro, porque el propio Fondo puede convertirse en prestamista del país si la situación macro lo amerita. Así, han puesto todas las fichas a que esta situación genere confianza en los inversores para impulsar la economía, bajo la promesa que los desequilibrios serán corregidos.

El incremento de la deuda externa en dólares sobre el PBI (más allá de la cuestión de cómo se contabilizan las acreencias de los fondos buitres) ha sido sensible en un corto período de tiempo, encendiendo una luz amarilla para muchos analistas por la posibilidad de extender esto en el tiempo y por el peso que puedan tener los pagos en el presupuesto público si la situación fiscal y del balance de pagos no se revierte.

Por lo pronto, el Ministro de Hacienda dijo que la llegada del FMI significaba cumplir con el rol del país como miembro de la institución, como lo hacen muchos otros países, pero que el informe no es vinculante. No obstante, el endeudamiento con déficit fiscal creciente puede tornar inconsistente el modelo, tanto desde lo social como de lo económico. Habrá que estar atentos a ver cómo evolucionan las variables fundamentales de la economía con el actual modelo, para que en el futuro, volver a escuchas cómo los elogios al recorte del gasto puedan convertirse en una frase repetida del pasado.