¿Es necesario que haya una reforma laboral?

Por Pablo Osvaldo Fucci

               (Licenciado en Economía-UBA

              Especialista en Historia Económica y de las Políticas Económicas-UBA)

 

Para febrero del 2018  habrá sesiones extraordinarias del Congreso para aprobar un Proyecto de Reforma Laboral presentado por el actual gobierno donde uno de los objetivos fundamentales proclamados es la reducción de los costos laborales.

 

En este proyecto se plantean como dos medidas relevantes:

 

  1. La reducción de los aportes patronales donde el Estado se haría cargo durante tres años de los aportes de los nuevos empleados que se tomen en el mercado laboral del segmento no registrado con el objetivo proclamado de generar 300 mil nuevos empleos registrados (es decir lo que aproximadamente crece la población económicamente activa en un año)

 

  1. Poner límites a la posibilidad de accionar contra los empleadores por parte de los asalariados. Se busca desalentar los litigios laborales cambiando, para el cálculo de las indemnizaciones, la definición del salario de la Ley del Contrato de Trabajo que quedaría limitada al salario básico excluyendo todos aquellos ingresos extras que pueden llegar hasta duplicar el salario básico.

 

La idea de la reducción de costos laborales como estímulo para la inversión privada no es nueva en la Argentina ni en América Latina puesto que ya fue aplicada en la década de 1990 bajo los regímenes de flexibilización laboral.

 

Ahora bien ¿cómo se llevaron a cabo las reformas laborales en la década de 1990?

En el artículo publicado por Noelia Torres en abril del 2016 en esta página se señalaba que hubo tres líneas de intervención relacionadas entre si:

 

  1. A nivel proceso productivo se buscaba la reducción de costos laborales con una baja de los aportes patronales y topes a las indemnizaciones laborales.

 

  1. A nivel político el objetivo era debilitar el  poder sindical con descentralización de las negociaciones colectivas llevándolas al ámbito de la empresa y la quita del manejo de las Obras Sociales a los sindicatos.

 

  1. A nivel seguridad social se planteó la creación de un mercado de capitales y nuevos negocios en el área social, es decir, la privatización de los fondos previsionales (AFJP), la implementación de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) y la desregulación de las obras sociales.

El cambio que propone el gobierno de Cambiemos, de futuro por pasado, sigue una regla básica del comportamiento de los grandes empresarios capitalistas que es buscar disciplinar a los trabajadores y al pueblo.

 

El economista Michal Kalecki, en el trabajo titulado “Aspectos políticos de la ocupación plena” (1943) había analizado la oposición de los grandes empresarios a las políticas de pleno empleo y las legislaciones para limitar despidos al plantear que:

 

“En realidad, bajo un régimen de pleno empleo el despido dejaría de desempeñar su papel como medida disciplinaria. Se minaría la posición social del jefe o del patrón y crecería la confianza en sí misma y la conciencia de la clase trabajadora

Las huelgas para pedir aumentos salariales y mejoras en las condiciones de trabajo crearían tensión política. Es cierto que bajo un régimen de ocupación plena las ganancias serían mayores que el promedio de las mismas bajo el laissez faire; y que incluso la elevación de los promedios salariales, resultante del poder más fuerte de negociación de los trabajadores, tiene más probabilidades de aumentar los precios que reducir las ganancias. Pero los líderes del mundo de los negocios aprecian más  la disciplina de las fábricas y la estabilidad política que las ganancias mismas. El instinto de clase les advierte que el desempleo es parte integrante del sistema capitalista normal.”

( Kalecki, “Ensayos escogidos”, Fondo de Cultura Económica, 1977, pág 161-162)

 

En síntesis, para el actual gobierno, el proyecto de Reforma Laboral tiene sentido  para  poner fin a la anomalía kirchnerista 2003-2015 donde los trabajadores, en el marco de una fuerte disminución del desempleo, habían avanzado con sus salarios reales (salvo en el 2014) y se busca lo contrario, es decir aumentar fuertemente el desempleo para disminuir el salario y, por esa vía, llegar a un dígito de inflación anual.

 

Vuelve a plantearse el ideario de la Argentina como un país de ganancias capitalistas y pérdidas socialistas, es decir que los empresarios en épocas de bonanza puedan hacer lo que quieran con sus ganancias pero si las épocas son de vacas flacas el esfuerzo debe ser socializado y pagado por el resto de la población.

 

Frente a esta receta de política económica que pretende naturalizar una redistribución regresiva del ingreso bajo el título de Reforma Laboral, hace falta no sólo denunciar este atropello hacia derechos adquiridos sino comenzar a debatir un conjunto de propuestas bajo el título de Reforma Empresarial donde, si hay que hacer un ajuste, los ajustados sean los sectores de mayores ingresos

 

El presente artículo pretende hacer un aporte al debate impostergable que debe darse en el amplio campo de la resistencia a las políticas económicas neoliberales

 

¿Cuáles deberían ser las medidas a adoptar en una Reforma Empresarial?

 

La Reforma Empresarial debería centrarse, al menos, en cuatro cuestiones:

 

  1. Elusión y evasión fiscal
  2. Fuga de capitales hacia cuentas off-shore
  3. Empleo no registrado
  4. Trabajo esclavo y trabajo infantil

 

En relación a la elusión y evasión fiscal  debe distinguirse entre aquellas situaciones donde hay una búsqueda de algún vericueto legal con el objetivo de pagar menos impuestos (elusión) de aquellos casos donde directamente hay una acción premeditada de ocultamiento de información para no pagar impuestos (evasión).

 

Una medida que contribuye a la detección de estos casos es la abolición del secreto bancario, tema que es objeto de debate en Europa donde desde hace años que hay iniciativas para terminar con el secreto bancario en Suiza que alienta estas prácticas.

 

Esta medida debería ser complementada con la creación de una Unidad Especial para la Recuperación del Dinero a los efectos de administrar los ingresos que no llegaron al fisco en tiempo y forma

 

En relación a la fuga de capitales hacia cuentas off-shore   se debe establecer una normativa estricta de control del crédito bancario, tema que no es novedoso en la Argentina donde entre 1946 y 1957 hubo una nacionalización de los depósitos bancarios.

 

En 1968 la medida fue defendida por Perón en  “La hora de los Pueblos” al plantear

 

“Nuestros países, faltos de capital, no pueden impulsar su desarrollo porque en el negocio de los países pasa lo que en todos los demás negocios: el desarrollo se impulsa a base de inversión. Siendo ello así, nuestra solución está en capitalizar al país. Un país se capitaliza de una sola manera: trabajando, porque nadie se hace rico pidiendo prestado o siendo objeto de la explotación ajena. Todo consistía entonces en organizarse para trabajar, crear trabajo y poner al Pueblo Argentino a realizarlo, porque el capital no es sino trabajo acumulado (…). A poco de andar nos percatamos que las organizaciones internacionales imperialistas tenían organizados todos los medios para descapitalizarnos mediante los famosos servicios financieros que ocasionaban anualmente la deuda externa, los servicios públicos, la comercialización agraria, los transportes marítimos y aéreos, etcétera, y aparte de ello, gravitaban ruinosamente las evasiones visibles e invisibles de capital “.

                                             (Perón, obra citada, Editorial Norte, Madrid-Página 17)

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La nacionalización de los depósitos bancarios no implica la abolición del crédito sino que los créditos deben contar con la autorización del Banco Central y un Banco Central no debería permitir que se preste un solo peso a ninguna empresa que tenga empresarios que tienen cuentas off-shore en el exterior.

 

En relación al empleo no registrado es necesario que funcione un Registro de Empleadores con Sanciones Laborales para que, de manera creciente, tengan limitaciones de beneficios impositivos y de subsidios estatales hasta llegar a la pérdida de los mismos

 

Esto debe ser complementado con una legislación que establezca que, en caso de quiebras fraudulentas de las empresas, existan mecanismos legales para que las mismas puedan quedar bajo control de los trabajadores.

 

En relación al trabajo esclavo y trabajo infantil existen numerosas denuncias radicadas por la ONG La Alameda sobre empresas de diversas dimensiones como Le Coq Sportif, Awada, Adidas, Puma, Fila, Topper, Claudia Larreta, Yagmour, Cheeky y Falabella, por nombrar a las firmas más conocidas.

 

La propuesta aquí entra en sintonía con lo dicho en relación al empleo no registrado aunque debe ser complementada con una legislación penal con penas severas de prisión para los empresarios que incurran en estas prácticas.

 

Estas propuestas pueden ser un buen punto de partida para hacer una gran campaña de difusión masiva con proyectos firmados por legisladores nacionales y provinciales y acompañados por la movilización popular  para que, de una vez por todas, los debates se centren en ajustes que deban hacerse sobre quienes tienen mayores ingresos y no descargarlos, como siempre, sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo.

 

Frente a quienes sostienen que es imprescindible una Reforma Laboral bajo las políticas Hood Robin bendecidas por el FMI y los grandes capitalistas hay que plantear una Reforma Empresarial al servicio de las  políticas de crecimiento con inclusión social