Democracia, dictadura y finanzas

Es más difícil honrar la memoria de quienes no tienen nombre que la de las personas reconocidas. 

A la memoria de los sin nombre está dedicada la construcción histórica. 

Walter Benjamin, Manuscritos 447 y 1094. Variantes de las Tesis sobre el concepto de historia   

 

Notas posteriores: 

a. Nota 1. Escrita el día de disolución de la Oficina de Derechos Humanos del BCRA: “En el día de hoy jueves 11 de marzo de 2016, el Directorio del BCRA resuelve la disolución de la Oficina de Derechos Humanos del Banco Central de la República Argentina. La votación resultó dividida en 7 votos a favor y tres votos en contra. Es un día de un inmenso dolor: se perdió una herramienta fundamental que contribuía con la tarea de mantener vivo el compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, pilares esenciales de nuestra democracia. Restan sólo siete días para la conmemoración del 40 aniversario del golpe cívico militar y mientras nuestro país está pronto a iniciar un nuevo ciclo salvaje de endeudamiento externo, los cómplices civiles del golpe, que además son los cómplices empresarios del endeudamiento externo, permanecen libres de juicio y castigo. La disolución de la Oficina de Derechos Humanos contribuye a su impunidad. 
b. Nota 2. Escrita a pocos días del 42 aniversario del golpe cívico militar cuando ya no hay dudas que el proyecto económico del gobierno es profundizar la miseria, desarticular las formas y estructuras de organización del poder obrero y conducir los destinos del pueblo hacia el colonialismo financieroEl 25 de noviembre de 2015 el Honorable Senado de la Nación sancionó con fuerza de ley la creación de una Bicameral para la determinacióde las complicidades económicas y financieras durante la última dictadura cívico-militar. El 2 de diciembre de 2015 la norma fue promulgada, han pasado dos años y tres meses sin que la misma fuera conformada efectivamente. Como expresión de la clase dominante, el oficialismo bloquea el inicio de los trabajos de esta comisión cuya misión es contribuir a esclarecer la responsabilidad penal de los empresarios que pergeñaron el golpe cívico militar y se beneficiaron del proceso de endeudamiento externo, del conjunto de delitos económicos cometidos al amparo del desarrollo de políticas neoliberales y de la rapiña de bienes de tantos compañerxs detenidxs desaparecidxs. Esos empresarios que hoy guardan silencio complice y definen el entramado de nuevas políticas de sometimiento económico, permanecen libres de juicio y castigo. 

 

El texto que sigue fue escrito días antes del aniversario 39 de la última dictadura, cuando todavía nuestro país era conducido por un gobierno popular. Mantiene su plena vigencia. 

En el año 2012, el directorio de la Comisión Nacional de Valores, consciente de los vínculos y complicidades entre actores del mundo de las finanzas y la dictadura cívico militar, decidió encarar un trabajo de recolección, búsqueda y sistematización de las actas correspondientes al período ’76-’84 en que el organismo estuvo bajo intervención de representantes designados por las fuerzas armadas. Para cumplir tal finalidad creó una oficina de Derechos Humanos; un hecho político que a los ojos de los actores financieros resultó inédito y que permitió generar aportes probatorios en las causas judiciales por delitos de lesa humanidad. Pero también la creación de la oficina contribuyó a inscribir en el terreno de las políticas públicas la discusión acerca del rol de los derechos humanos en el sistema financiero. En diciembre del año 2014 Alejandro Vanoli, Presidente del BCRA, elevó al directorio una propuesta de creación de una oficina similar destinada a colaborar con la justicia en el búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Las páginas que conforman este libro reúnen un primer avance del trabajo de esta oficina, ofreciendo fragmentos de piezas documentales con información muy valiosa y que nos ayuda  a reconstruir un pasado doloroso. Representan entonces un momento desnudo del poder. La condición fundamental de la violencia económica reside en su capacidad de desplegarse secretamente. Este libro testimonia parte de nuestra historia y, en este sentido, reconstruye una cierta huella del pasado que tiene que servir para inscribir en el presente el modelo de democracia que queremos y las imposiciones que no estamos dispuestos a aceptar nunca más en la Argentina. El sentido de la acción política implica necesariamente mirar hacia atrás, porque hacerlo supone a la vez mirar el presente y ensayar el futuro (Cfr. Gianni Vattimo, Las aventuras de la diferencia, editorial Altaya, 1999, pp. 56.)
El Estado de Derecho exige el compromiso de afianzar la justicia social y el fin de la impunidad, entre cuyos capítulos sin duda está presente la responsabilidad de los empresarios y las corporaciones con los crímenes políticos y económicos cometidos durante el terrorismo de estado. Claro que estos aspectos pudieron plantearse luego de muchos años de lucha militante de los organismos de derechos humanos que, día a día, trabajan por el juicio y castigo a todos los responsables del genocidio y sin duda también porque los gobiernos de Nestor Kirchner y la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde el año 2005 hicieron de los derechos humanos una verdadera política de estado y que sin duda, permitieron que hoy podamos profundizar las exigencias de justicia sobre los delitos económicos y la colaboración con la desaparición forzada de personas, la tortura y el genocidio de civiles. La cantidad de condenas dictadas en los juicios de lesa humanidad aumenta anualmente indicando un avance continuo en la tarea de reparación que busca cualquier proceso de justicia. Sin embargo, el enjuiciamiento sobre las formas de participación criminal de aquellos empresarios que colaboraron con los militares durante el golpe de Estado enfrenta aún hoy fuertes resistencias. En las semanas previas al aniversario del Día de la Memoria, la corporación judicial decidió la falta de mérito de Carlos Blaquier, Alberto Lemos (Ingenio Ledesma), Vicente Massot (La Nueva Provincia), Agustín Botinelli, (Editorial Atlántida), Hector Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre, estos últimos investigados por el desapoderamiento extorsivo de Papel Prensa S.A. No es llamativo que sectores de la justicia protejan estos intereses, sobre todo en momentos en los que el país atraviesa por profundas reformas en materia de Justicia como el reemplazo del sistema inquisitivo por el acusatorio pleno, el desarrollo de los juicios por jurados y la modernización de los sistemas de investigación e inteligencia criminal. Difícilmente estas reformas sean vistas con simpatía por el poder económico; apuntan al corazón de la impunidad y la formación de los poderes ocultos que procuran condicionar la incorporación permanente de sectores populares a la vida política y el avance de formas de organización más democrática en el país. 
Detrás de estos fallos se esconden privilegios de sectores dominantes y un ideal de libertad que supone el desmoronamiento de sus bases financieras. Quienes la profesan hablan de la libertad de precios a secas, de la libertad salarial a secas, de la libertad del comercio exterior, también a secas. Ocultar que un ideal tan profundo como la libertad requiere de soportes fiscales, económicos y financieros, no encierra más que el deseo de un Estado que solo se hace presente para reprimir las injusticias producidas por la desigualdad, la exclusión y la marginalidad. La idea de libertad a secas sienta tan bien a los poderosos porque les ayudó en el pasado a instaurar la matriz económica neoliberal, de la que no hemos podido salir desde aquel entonces. Los empresarios beneficiados por los fallos judiciales mencionados forman parte del Foro de Convergencia Empresaria junto a otros actores corporativos como la Sociedad Rural Argentina o la Asociación Empresaria Argentina, que en el pasado apoyaron el golpe militar. Esta última, sucesora del Consejo Empresario Argentino (CEA), desempeño un papel central en la preparación del golpe, apoyando primero los planes de ajuste económico de Celestino Rodrigo y luego designando a su Presidente Martinez de Hoz como Ministro de Economía de la Junta Militar, cuyos planes económicos promovían la apertura irrestricta del comercio exterior, el endeudamiento externo, la reducción del crédito a las pequeñas y medianas empresas y una profunda concentración de la riqueza basada en el traspaso de recursos económicos a partir de la devaluación y el congelamiento salarial impuesto a través de la tortura y la desaparición forzada de personas. El Consejo Empresario Argentino continuó durante los gobiernos de Menem y de la Rúa, sobre todo en la planificación, ejecución y monitoreo de las políticas conformadas en torno al Consenso de Washington. En el año 2002 CEA se reconvirtió en AEA con la misma vocación de siempre: defender la instauración de políticas neoliberales, defender la rentabilidad corporativa muchas veces obscenas y calificar peyorativamente cualquier intento de regulación del Estado sobre la economía como distorsiones que amenazan la seguridad jurídica en el mundo de los negocios. 
Napoli, Perosino y Bosisio, en el libro La dictadura del capital financiero, destacan que el llamado Proceso de Reorganización Nacional ubicó en áreas claves del Estado a los principales cuadros civiles con capacidad de decisión sobre la política monetaria, el mercado de capitales, el comercio exterior y la política crediticia. Alfredo Diz ocupo la presidencia del BCRA. Su pedigree indica que anteriormente había sido Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Guillermo Klein asumió como Secretario de Programación Económica, aunque en realidad representaba los intereses de la Cámara Argentina de Comercio y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires respectivamente, dentro del Ministerio de Economía. La Sociedad Rural Argentina paso a controlar la Secretaría de Agricultura a partir de la designación de Jorge Zorreguieta que, por otro lado, también paso a presidir la Junta Nacional de Granos. Juan Ocampo, representante de la banca privada y accionista principal del Banco Ganadero, paso a presidir el Banco de la Nación Argentina, desde donde se instrumentaban operaciones de intermediación financiera no autorizada cuyo fondeo se nutría de los activos depositados en el banco por parte de empresas nacionales como YPF S.A., Ferrocarriles Argentinos o Aguas y Energía Eléctrica S.A. Desde esta mesa de dinero clandestina se canalizaron operaciones crediticias a tasas que perjudicaron al Banco Nación que vio dramáticamente reducida su participación en el total de préstamos, y del Estado Nacional, que cargo con quebrantos cercanos al 50 por ciento de la circulación monetaria de aquel momento. (Cfr. Actuación Nro. 1553 del año 1979. Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Banco de la Nación Argentina s/presuntas irregularidades en operaciones financieras.)
La ocupación de altos cargos de gobierno en manos de líderes empresarios no fue una novedad del golpe del ‘76. Por el contrario, formó parte de una estrategia de los hombres de negocios orientada a neutralizar desde dentro del aparato estatal cualquier ensayo de planificación económica. A través del golpe militar de Onganía, los empresarios ocuparon puestos mayoritarios en el Poder Ejecutivo Nacional. En un estudio orientado a reconstruir los vínculos entre la dictadura y los empresarios a partir de los centros de formación técnica (e ideológica) de estos últimos,  la socióloga Mariana Heredia ofrece un dato por demás revelador: “Treinta y ocho de los cuarenta y ocho cargos más importantes eran ocupados por empresarios (234) y treinta y cuatro de los treinta y ocho dirigentes de empresas eran miembros de ACIEL – Asociación Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres”. (Heredia, Mariana. El Proceso como bisagra, en Empresarios, Tecnócratas y militares. Alfredo Pucciarelli, coordinador.) 
La transición democrática no canceló el funcionamiento de estas diversas formas de apropiación y control de las decisiones estatales en mano de las corporaciones empresarias. Lejos de ello, las profundizó. El proceso privatizador de empresas y servicios públicos, presentado por aquellos años bajo la excusa de achicar el gigantismo estatal y acabar con la corrupción, dieron lugar a una etapa de saqueo económico a través de la profundización del ciclo de endeudamiento externo y fuga de capitales, que asociada al sistema de libre convertibilidad entre el peso y el dólar condujeron a una profunda desindustrialización del país y al aumento de los niveles de pobreza y exclusión. No sólo las empresas públicas y el sistema jubilatorio pasaron a manos privadas; también el sistema financiero sufrió un proceso profundo de fusiones por absorción que concentraron y extranjerizaron la banca y redujeron a su mínima expresión las entidades cooperativas. El número total de entidades financieras se redujo de 220 al 31/12/1990 a 113 al 31/12/2000. Para el año 2000, la banca nacional (pública y privada) había reducido su participación a 1/3 del número de entidades existentes al 31/12/1994. Como contra cara, los bancos extranjeros aumentaron en número y participación dentro del volumen del sistema: en 1999 un 48,1% de los préstamos eran otorgados por entidades de capital extranjero (contra el 18% en 1994), con seis bancos dentro de los 10 principales. 
Algunos think tanks de la ortodoxia liberal como la Fundación Mediterránea, FIEL y la Universidad del CEMA, expresiones acabadas de la visión neoliberal y los programas asociados al monetarismo, dieron soporte técnico y continuidad ideológica a todo este proceso. Cavallo, responsable de la estatización de la deuda externa privada tomada por los grupos económicos durante el auge de la especulación financiera, responsable también del ingreso y salida de la convertibilidad, la negociación del megacanjeel perverso blindaje financiero y finalmente del vaciamiento sufrido en el paìs durante la crisis del año 2001, pertenece a estos espacios de formación intelectual. Roque Fernandez, Pedro Pou, también formados en estas ámbitos, no actuaron sólo como poleas de transmisión de los mandatos y recetas de ajuste del Fondo Monetario. 
Hoy el neoliberalismo es más que una política, es más que el programa de gobierno de las derechas. El neoliberalismo es una racionalidad que opera al modo de una Razón de Estado, a través de la que se transmiten vectores de continuidad entre la dictadura y la democracia. Conforman esta racionalidad desde discursos técnicos, creencias no cuestionadas, dispositivos jurídicos y otras tantas instancias de vinculación recíproca entre los costados dictatoriales y democráticos de las finanzas. Cómo no pensar que el terror desplegado por los militares al mando del control del aparato estatal no guarda vínculos con el terror que los mercados” ejercen sobre la población a través de las amenazas de devaluación o de default. Cada medida política que este gobierno tomó con miras a mejorar la distribución del ingreso o a crear las condiciones para ampliar derechos sociales, fue violentamente atacada desde el mercado con corridas cambiarias. Los ataques persistentes a nuestra moneda nacional, es decir aquello que los especuladores llaman guerra de divisas, no son otra cosa que ataques a la soberanía monetaria del país. Tampoco estos episodios son el resultado natural del libre juego del mercado, ni reflejan fuerzas en busca de equilibrio; son fruto de la decisión acordada de un puñado de empresarios que remarcan precios (sea de un activo financiero o un producto doméstico), a costa de la ciudadanía. A través del miedo y la extorsión los sectores dominantes generan un llamamiento al golpe económico buscando postergar, para un futuro incierto, la discusión sobre la distribución de la renta, sobre las formas de apropiación y, en última instancia, sobre la estructura de clausura que garantiza el dogma privado de la propiedad. Los vínculos entre finanzas y dictadura no se agotan entonces en referentes sobre el recuerdo del pasado. Implican un abanico de problemas y exigencias —actuales y futuras— que nos obligan a preguntarnos, cada vez más, quiénes controlan la democracia, quiénes definen sus presupuestos morales, políticos, fiscales, financieros, jurídicos y de todo otro orden que pudiera poner en juego las fuerzas de apropiación popular del poder. Es en la solidaridad de los pueblos y en la interdependencia entre los individuos donde reside el fundamento de libertad de la democracia. Y este problema se exacerba cuando tomamos nota de la escala global y organizada de las finanzas.  
Retomando la referencia sobre las corridas, los economistas llaman a este proceso efecto manada”, porque arrastra a un número indeterminado de participantes detrás del cambio sobre los comportamientos esperados. Elias Canetti, un importante pensador de la sociedad, definiría este proceso a partir de la noción de masa. Los ataques especulativos suponen entonces efectos expansivos que producen una masa que pierde capacidad de raciocinio, que es arrasada y arrastrada por una violencia ejercida sin control detrás de un determinado cambio de escenario; manejado siempre por un pequeño puñado de actores que desencadenan estos procesos especulando con los diferenciales del cambio de situación. 
Qué relación existe entre una corrida cambiaria y la decisión judicial firmada por un juez foráneo que procura desbaratar un proceso inédito de reestructuración de deuda soberana. Los fondos buitres y la sentencia dictada en su favor también dan cuenta de una captura política de ámbitos de decisión soberana que pasan a mano de sectores financieros (Cfr. Pagarles hasta que les duela, entrevista a Nicholas Shaxon, publicada en Revista Crisis # 20.) Los condicionamientos que los buitres pretenden ejercer sobre la soberanía financiera del país son el emergente de complejas soberanías extraterritoriales muy poderosas que logran constituirse a partir de una paralegalidad financiera” cuyo centro neurálgico son los paraísos fiscales y los secretos financieros que brindan protección a la renta fiscal evadida de los erarios públicos de todos los países emergentes. Sectores de las elites empresariales de la Argentina también participan de estos poderes extraterritoriales en el complejo entretejido de sociedades offshore radicadas en guaridas financieras y cuentas bancarias en el exterior. La soberanía fiscal sobre la fuga de divisas se vuelve todo un desafío en estos contextos y la soberanía política puede ser objeto de fuertes condicionamientos para los gobiernos que intenten cambiar las condiciones del gobierno de las finanzas. 
Elias Canetti también escribió que el silencio presupone un conocimiento exacto de aquello que silenciamos… Hemos de elegir entre los que podemos decir y lo que silenciamos”. El secreto financiero encierra el germen del poder financiero porque permite silenciar los circuitos de circulación de fortunas ilícitas a nivel local y global. Ni el narcotráfico, ni la trata de personas, ni la corrupción ni ningún otro delito lucrativo organizado puede ser investigado razonablemente si las mallas que garantizan la evasión fiscal permanecen intactas, porque los vínculos entre los centros financieros on shore y offshore se retroalimentan con estos activos. El secreto financiero es el salvoconducto hacia la opacidad que ofrecen los paraísos fiscales. Estos dos aspectos del sistema financiero marcan una dimensióclave de la política de las finanzas, aquella que a través del éxodo de activos financieros provoca el desfinanciamiento de los estados y descarga bolsones de pobreza. También permanece silenciado que las finanzas no son otra cosa más que un grupo de banqueros y financistas entrelazados a nivel internacional. Estos grupos procuran controlar los centros de decisión política en materia financiera, es decir desde las instancias regulatorias globales hasta las instancias de regulación nacional de la política financiera y monetaria. La colusión empresaria plantea así uno de los principales problemas de la democracia contemporánea. 
La discusión sobre los entrelazamientos entre dictadura, democracia y finanzas supone entonces reconocer que este es un territorio en disputa permanente. Los bancos centrales son también un escenario de esas disputas porque la determinación de la tasa de interés y el tipo de cambio, instrumentos a través de los que se produce la distribución de los excedentes, pueden quedar bajo control de los mercados o de la política. (Cfr. Epstein.) La tesis de independencia de los bancos centrales, la hipótesis de los mercados eficientes, el cuestionamiento a la asignación del carácter de agente financiero del Estado al banco central, el diseño de un marco legal de mandato u objetivo único, no son otra cosa que manifestaciones del avance de los poderes financieros, mientras que la coordinación entre banca central y gobierno, la asignación de funciones de agente financiero del Estado y la definición de un mandato múltiple expresan la posibilidad de ejercicios de control democrático sobre las finanzas. Sin ánimos de caer en simplificaciones, es bueno no perder de vista que la disputa por el control de estos instrumentos implica, como posibilidad, crear las condiciones necesarias para el soporte financiero de los derechos sociales o, por el contrario, profundizar las rentabilidad del capital financiero en detrimento del fundamento social de la libertad. Durante la dictadura cívico militar esta disputa implicó la conquista de los instrumentos de regulación monetaria por parte del poder financiero. Durante la transición democrática, estos sectores de la clase dominante mantuvieron el control sobre los hilos del poder. La reestructuración de la deuda externa, junto al desarrollo de políticas de control de capitales (y luego de control de cambios), junto a la estatización del sistema jubilatorio y la reforma de la Carta Orgánica, han marcado un viraje de signo cuyas implicancias han sido quitarle a la clase dominante el manejo de los hilos del poder decisorio sobre la democracia. El desafío es no permitir nunca que —parafraseando a Norberto Bobbio— una persona instruida sea más libre que una inculta, que una persona con trabajo sea más libre que una persona desempleada y que una persona sana sea más libre que una enferma. De esto se trata la democracia y la lucha constante por la libertad.