“Dejará de producir”

Después de un abril en el que según las consultoras privadas la inflación fue la más alta desde 2002 superando el 7%, el mes de mayo arrancó con un aumento del 10% en el precio de los combustibles y alcanzó así una suba acumulada del 31% anual, el máximo desde 2003.

En una entrevista al diario Clarín, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sostuvo que “si el consumidor considera que este nivel de precios es alto en comparación a otros gastos de su economía, dejará de consumir”, en cambio, si entiende que el costo no es tan alto, continuará cargando, precisó. Las declaraciones del ministro no sólo hicieron que los consumidores reaccionaran con mayor descontento ante esta decisión del gobierno, sino que representantes de cámaras empresarias y productores también alzaron su voz, ya que diferencia de lo que parece creer el ministro, para muchos sectores de la economía el combustible no se puede dejar de consumir porque que es un bien necesario e irremplazable.

El sector de autotransporte de cargas es uno de los más perjudicados en este escenario. El aumento en el precio de los combustibles, insumo básico del transporte de cargas, está dificultando la actividad, ya que según los datos de la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) tan sólo el combustible representa entre un 35 y 40% de la estructura total de costos del autotransporte de cargas. Los sucesivos aumentos de este insumo representaron un incremento del 18% en los costos del sector durante el primer cuatrimestre de 2016. A partir del domingo pasado, con la nueva suba, esta cifra podría ascender al 30% durante primer semestre de este año.

FADEEAC observa con preocupación que muchas pymes del sector “se ven imposibilitadas de absorber estos costos y, en muchos casos, tampoco pueden trasladarlos, agravando aún más la situación por una alta presión impositiva, un mayor costo financiero, la dilatación en la cadena de pagos y la caída de la actividad, porque podría llevar a un posible cierre de empresas, con una consecuente pérdida de puestos de trabajo”.

La última suba del combustible también desencadenó el malhumor de muchos productores agropecuarios, ya que la suba de este insumo amenaza la sustentabilidad de las empresas rurales más chicas y alejadas de los puertos, justo en el momento crítico de levantar la cosecha de granos gruesos, sumado a que regiones has sido castigadas por razones climáticas como las intensas lluvias del mes pasado.

En Argentina, el agro consume en tareas de siembra y recolección una tercera parte del total del gasoil utilizado en el país, aproximadamente unos 4500 millones de litros al año. La suba del 30% en los precios del gasoil implica entonces que el agro deberá destinar unos 19 mil millones de pesos adicionales a cubrir sus necesidades, o unos 1350 millones de dólares a la cotización actual. El problema es que sus ingresos en dólares no han crecido a la par. Por eso la última suba pegó directamente en su estructura de costos.

Desde las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) afirmaron que este incremento implicaría una transferencia del sector agropecuario al petrolero de 16 mil millones de pesos en 2016, lo que representa una cifra superior al impacto que tuvo la baja de retenciones, en particular en trigo y maíz.

No obstante, este nuevo aumento castiga aún más a las actividades de las economías regionales alejadas de los puertos y que tienen una gran dependencia del gasoil para su funcionamiento, y a las actividades productivas que no cotizan en dólares, ya que son esencialmente mercado internistas, como el sector tambero y el frutihortícola.

Por otro lado, las estaciones de servicio de GNC también hicieron conocer su desagrado con los precios y el suministro de gas natural. Aseguran que puntos de venta en Córdoba, La Plata, interior de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, San Juan y Tucumán vienen registrando desde el comienzo del aumento cortes en el suministro de GNC. Desde el sector se explicó que si el gobierno no toma las medidas necesarias los cortes de suministro pueden extenderse durante el invierno, lo que  terminaría conduciendo al potencial cierre de estaciones o la suspensión de empleados.

En definitiva, el mes de mayo llega con combustibles más caros, suba que difícilmente no se traslade a los precios de la canasta básica por el mayor costo del transporte. Este nuevo aumento no solo subirá los costos de las mayorías de las actividades económicas y los hará perder competitividad internacional, sino que también aumenta el rezago de los salarios de los trabajadores, que pierden poder de compra, no sólo de los combustibles, sino de todos los bienes y servicios.

Tomás López Mateo

Fuente: Clarín; Página 12