“Conflicto de intereses”

La lucha contra la corrupción fue una de las banderas de Cambiemos en las últimas elecciones presidenciales. El ambiente fue preparado por una campaña de los grandes medios enfrentados al kirchnerismo que mediante denuncias, a veces ciertas y a veces falsas, lograron instalarlo como “el más corrupto de la historia”. Algo similar sucedió en Brasil, donde las denuncias mediáticas de corrupción alentaron la carga judicial y parlamentaria contra Dilma Rousseff. Tras el triunfo de Macri, la escena grotesca de un López revoleando bolsos con dólares al convento logró escalar al máximo de rating, donde la puesta en escena no se privó de la defensa de una abogada hot que permitiera alcanzar al público esquivo de la política que abona los programas de chimentos. El desfile permanente de la ex-presidenta y sus funcionarios por los tribunales intenta mantener la imagen del gobierno de Cambiemos como paladín de la lucha contra la corrupción, algo desteñida tras el escándalo de la condonación de deudas del Estado al grupo Macri por el correo.

Al respecto, el proyecto de decreto para enfrentar conflictos de intereses de la oficina anticorrupción de Laura Alonso (quien recibía financiamiento de los fondos buitre vía la ONG Vital Voices), fue presentado frente a diversos grupos de la sociedad civil. Entre ellos el estudio de abogados Marval O’Farell & Mairal, que entre sus antecedentes cuenta con instrumentar el endeudamiento externo del Estado durante la última dictadura militar en alianza con Walter Klein (mano derecha de Martínez de Hoz), participado en la instrumentación de las privatizaciones en los noventa para luego representar a las privatizadas en los juicios en el Ciadi contra Argentina. Un caso paradigmático de lo que Aldo Ferrer denominó corrupción cipaya, por afectar los grandes intereses nacionales. También la oficina anticorrupción decidió hacer públicos los regalos que reciben los funcionarios. El presidente informó que recibió una remera con el logo de la “Asociación Todos Juntos por las Malvinas”, el libro El cambio empieza en el aula y una máscara de yaguareté en madera. Sin embargo, la lista parece incompleta ya que no figura la millonaria condonación de la deuda del Correo, la adjudicación de obras a Caputo SA ni el escándalo por las rutas aéreas de Avianca.

La impúdica corrupción de los gobiernos de Macri o Temer dejan en evidencia que la estrategia aplicada en Argentina no se aleja a la utilizada en el resto de la región para oponerse a gobiernos latinoamericanos populares. Los medios de comunicación y el aparato judicial utilizan la moralina pública para movilizar a amplios sectores sociales en contra de los gobiernos populares, facilitando la instalación de gobiernos conservadores cuya corrupción es silenciada.

Hace años, el pensador nacional Arturo Jauretche advertía que la moralina contra la corrupción era utilizada para distanciar a la ciudadanía de los gobiernos populares, haciéndole de perder de vista la Moral Nacional que se define en las grandes líneas de la política y no en las comisiones que se cobren los funcionarios que la ejecutan.

Por Andrés Asiain

@AndresAsiain