Capacidades provinciales.


Según datos de la Cepal, Argentina ocupa actualmente el cuarto puesto en reservas de litio y cobre, la séptima posición en plata y boro y el noveno lugar en oro y potasio del mundo. Durante el período 2003-2015 los proyectos mineros se incrementaron en más de 3.000 por ciento, la producción acumuló un crecimiento superior al 800 por ciento y la minería pasó a ocupar el quinto lugar entre los mayores complejos exportadores nacionales. La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) posee 35.000 afiliados totales, estimando en cuatro empleos indirectos por cada puesto de trabajo directo que genera el sector.

A diferencia de los fuertes contrastes observados en otras áreas, la minería presenta más continuidades que rupturas entre la gestión anterior y la actual, toda vez que se ha respetado el marco regulatorio sancionado durante los ‘90 por entender que inversiones de riesgo y de mediano-largo plazo para la explotación de minerales requerían de incentivos fiscales. El macrismo ha profundizado este proceso eliminando el 5 por ciento de las retenciones que pesaban sobre el sector, y hoy avanza en un Acuerdo Federal Minero para homogeneizar algunas condiciones frente a las siempre heterogéneas realidades provinciales.

Y es que en Argentina cualquier valoración sobre la minería resulta aproximada si no se repara en la esfera subnacional. En tanto titulares del “dominio originario” de sus recursos, son las provincias las autoridades concedentes y de aplicación, lo que complejiza mucho adoptar posiciones maximalistas como las que claman por una “minería sustentable” (como si tal condición dispensara a la actividad de rendir cuentas por el impacto ambiental que genera) y otras que la rechazan enfáticamente desconociendo que (i) para muchas jurisdicciones ya son realidades consolidadas y de cuyos ingresos por regalías se compone buena parte de sus fuentes fiscales y (ii) los gobernadores de las provincias mineras son decididos impulsores de la actividad y en general esa posición no les genera grandes costos políticos (suelen ser elegidos y reelegidos para más de un mandato).

Pareciera, por lo tanto, que un debate superador debiera conducir a poner el foco en las capacidades estatales que están desarrollando las provincias luego de casi dos décadas de minería metalífera intensiva. Estas capacidades estatales provinciales podrían evaluarse por:

–La intensidad burocrático-institucional forjada después de años de vigencia de los emprendimientos en sus territorios, con funcionarios capacitados en el manejo de temas de alta sensibilidad social y relevancia presupuestaria.

–La efectiva verificación del know-how asimilado por las empresas públicas provinciales luego de décadas de vínculo con empresas extranjeras portadoras del específico conocimiento de la operación y dotadas de alta capacidad tecnológica.

–El tipo de asociación público-privada alcanzada, que asegure los compromisos asumidos con el capital extranjero sin por ello resignar condiciones de fiscalización y monitoreo.

–El nivel de sistematización de la información de las áreas, activo que juega más a favor de las firmas extranjeras que de las provincias por cuanto muchas veces éstas disponen de información dispersa, no digitalizada y escasamente relevada, que no da cuenta del verdadero potencial geológico que poseen.

–La posibilidad de impulsar proyectos alternativos valiéndose de los recursos de la minería pero que apunten a diversificar la estructura productiva provincial y lograr, así, cierta sobrevivencia al inevitable agotamiento de los minerales, al margen de nuevas exploraciones que puedan realizarse. En este marco, hay un alarmante déficit en la regulación de cierre de minas y del aporte empresario en la fase post productiva, que no alcanzan a compensar las políticas de responsabilidad social que promueven las firmas.

Del estudio de estas variables, como de otras que puedan apuntar a un mejor posicionamiento del Estado frente a consorcios extranjeros que operan a escala global, dependerá en buena medida la evaluación que pueda hacerse del paso de la minería metalífera por el país, que por ahora consagra a la Argentina como proveedor de materias primas de escaso valor agregado y exiguos encadenamientos productivos.

* UBA-Flacso-UNPaz Fundación Generación del Sur.

Artículo publicado en: https://www.pagina12.com.ar/30872-la-eterna-promesa-de-las-inversiones