Camino peligroso

Las acusaciones contra la ex-presidenta y varios de sus funcionarios motivadas por la venta de dólar futuro, abre el debate sobre si es posible y deseable la judicialización de la política económica. La denuncia se basa en afirmaciones de haber “regalado dólares” en detrimento del patrimonio público ya que los contratos fueron realizados a un precio de venta 30 por ciento inferior al precio del mercado de Nueva York.

Al respecto, ¿cómo es la operación del BCRA cuestionada por la oposición, cuyo nombre técnico es Futuro No Entregable (NDF, por sus siglas en inglés)? Lo primero que debe aclararse es que no se trata de ventas de dólares a futuro, sino de un contrato en pesos sobre el valor futuro del dólar. Es decir, el que compra dólares NDF a un año a 13,20 pesos no recibirá dólares por ese monto cuando se cumpla el plazo del contrato. Recibirá (o pagará) la diferencia en pesos entre la cotización del dólar oficial en un año y el valor del dólar en el contrato NDF. Por ejemplo, si en un año el dólar oficial está a 13 pesos, el que compró hoy el NDF al Central 13,20 pesos tendrá que desembolsar 20 centavos de pesos. Es decir, que esas operatorias comprometen ganancias o pérdidas en pesos, pero no afectan las reservas del BCRA.

Por su parte, el hecho de que en Nueva York, los NDF sobre el tipo de cambio futuro del peso en relación al dólar supere el valor de esa operatoria en Buenos Aires, no puede ser el fundamento de ninguna denuncia penal.

En Nueva York, la diferencia entre el valor del cambio peso/dólar a futuro pactado en los NDF y el que efectivamente rija al cumplirse el tiempo del contrato, se salda en dólares. Es decir, si hoy compro dólares a futuro a 15 pesos en Nueva York y una vez vencido el plazo el dólar oficial está a 13 pesos, la diferencia se salda en dólares (15 centavos de dólar, que sería el valor de los 2 pesos al hipotético cambio futuro). En cambio, el mercado en Buenos Aires opera en pesos, por lo que no hay arbitraje ya que las condiciones en ambos mercados son de difícil alcance y existían restricciones a la compra/venta de dólares.

De esa manera, sostener que el BCRA no puede vender futuros a un valor menor al de Nueva York implica señalar que la política cambiaria argentina no la tiene que determinar el Banco Central, tal como le está encomendado por su Carta Orgánica, sino un grupo de operadores financieros estadounidenses.

La operatoria en que se basa la denuncia judicial es una política económica que se implementó para contener la devaluación a finales del mandato de Cristina Kirchner que tuvo como resultado un determinado costo fiscal cuyo tamaño fue determinado por otra política económica: la devaluación implementada en el marco de la desarticulación de los controles cambiarios aplicados por el gobierno de Mauricio Macri. Y que podría ser, por lo tanto, materia también de controversia judicial.

Al respecto, la política de tasas y absorción por Lebac del Banco Central tuvo un costo fiscal que casi duplicó las pérdidas de esa entidad por dólar futuro. Tomando como base el fallo Bonadio, una serie de diputados de la oposición inició por ello una denuncia penal.

Excluyendo casos de medidas con costos fiscales destinados a favorecer a grupos empresariales vinculados, se abre el debate social sobre la conveniencia o no de judicializar la política económica y sobre quienes deben determinar si el resultado de una determinada política puede ser considerado o no un delito, no en beneficio personal, sino en desmedro de la sociedad en su conjunto. ¿Debe considerarse un delito el incremento de la pobreza generado por la suba del dólar y las tarifas durante el primer año de gestión de Cambiemos? ¿Lo es el costo fiscal y externo del pago a los fondos buitre? ¿No deberá juzgarse como tal el deterioro del nivel de vida de las próximas generaciones provocado por la actual política de endeudamiento externo?

Por Andrés Asiain *

* Economista. Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche.