Análisis del OETEC sobre el fallo de la Corte Suprema en relación al tarifazo del gas

El Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) celebra el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Dicho fallo vino a confirmar a la ciudadanía que el tarifazo gasífero se trataba no solamente de una medida irracional propia de una administración anárquica tanto en su proceder ejecutivo como en su ideología mercadista, sino también de una violación lisa y llana a la Constitución Nacional y a la seguridad jurídica popular. Asimismo, resulta más que evidente la reivindicación que la máxima autoridad judicial hizo de las políticas energéticas implementadas entre 2003 y 2015. Por último, felicitamos al Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) por su pionera y exitosa iniciativa, aclarando que los sectores de la industria y el comercio -como se sabe excluidos de la nulidad del tarifazo- dependen de ahora en más pura y exclusivamente de sí mismos ya que el fallo “CEPIS” sienta precedente para que obren de igual manera. Somos conscientes que si bien queda mucho camino por recorrer para acabar definitivamente con la flagrante estafa energética contra la ciudadanía (léase “tarifazo”), la primera gran batalla en defensa interés popular ha sido rotunda. En las audiencias públicas, por más que no sean vinculantes, el anarquismo mercadista deberá explicarlo y justificarlo todo. Depende exclusivamente de nosotros que lo hagan, aunque no puede dejar de mencionarse que en su fallo la Corte hizo especial énfasis en su facultad jurisdiccional de controlar “la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las tarifas”, ciertamente, un claro mensaje al Ejecutivo y la decisión que termine tomando una vez consumadas las audiencias.

Los servicios públicos como Derecho Humano
Mal que le pese al Presidente de la Nación y máximo responsable del tarifazo, la energía no es un privilegio ni una mercancía sino un derecho, tal y como fuera taxativamente establecido por la Corte Suprema. A propósito, esto expresó en el Párrafo 30 de su fallo: “… los servicios esenciales para la sociedad, reservados a la titularidad pública mediante la calificación de servicio público, son aquellos cuyas prestaciones se consideran vitales e indispensables para el conjunto de los ciudadanos, con el fin de asegurar su prestación. Se trata de sectores y actividades esenciales para la comunidad pues en ellos los ciudadanos satisfacen el contenido sustancial de los derechos y libertades constitucionalmente protegidos”. Y agregó, Párrafo 33: “… resulta claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad”. Importa recordar la opinión del Ministro Aranguren sobre este punto medular: “Con respecto a si los servicios públicos son un derecho humano, este tema es largo de discutir…” (Interpelación en Diputados). No volvería a referirse al asunto.

El precio del gas en boca de pozo… ¡a audiencia pública también!
En su interpelación de esta semana en el Congreso, el Ministro Juan José Aranguren respondiendo las preguntas del diputado Gioja con respecto al costo del gas y del petróleo crudo en boca de pozo, sentenció: “Tenemos dos caminos: creemos que el precio lo fija el mercado o definimos un costo… Hoy el camino que ha aprobado este Congreso es que el precio rige para el gas en boca de pozo y para la generación… Si queremos que esto ocurra a partir de una estructura de costos, tenemos que ir a regular el mercado y quizás en el Congreso puede lograrse consenso para que eso ocurra. En función del marco regulatorio actual, el mercado termina fijando el precio con las restricciones que mencioné antes debido a la ley de emergencia pública que está aplicando el Estado nacional”.

El pueblo argentino, librado escandalosamente a las fuerzas del mercado desde el 10 de diciembre de 2015, ha conseguido algunos meses de alivio. El fallo de la Corte Suprema no regula el mercado (tampoco le compete hacerlo; al mercado lo regula el pueblo o no lo regula nadie), pero le pone freno y lo obliga a exhibir sus planillas Excel (abrir los cuadros de costos) a los 42 millones de ciudadanos. En efecto, lo que Aranguren se negó a responder al diputado sanjuanino, ahora deberá presentarlo con lujo de detalles en audiencias públicas y “para todos los tramos que componen la tarifa final: precio en boca de pozo (PIST), transporte y distribución del gas natural”, como ordenó la Corte.

Demoliendo la zoncera de la “pesada herencia”
La célebre zoncera de la “pesada herencia” energética, esgrimida hasta el hartazgo por el oficialismo, se da de bruces contra el fallo de la Corte. Según se lee en el Párrafo 28 y que transcribimos textualmente: “En el caso de nuestro país, el precio del gas quedó librado al libre acuerdo entre los participantes del mercado (leyes 17.319 y 24.076; Y decreto 1738/92) hasta que, en el año 2004, se facultó a la ex Secretaría de Energía, dependiente del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para acordar con los productores el nivel de los precios del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte (decreto 181/2004), lo que se instrumentó mediante diversas resoluciones (226/2014, 305/2014). Por otra parte, se creó un Fondo Fiduciario destinado a financiar las importaciones de gas natural necesarias para satisfacer los requerimientos del mercado interno, el que se integraría por cargos tarifarios a pagar por usuarios y consumidores, por recursos que se obtuvieran de programas especiales de crédito, y por otros sistemas de aportes específicos, a realizar por los sujetos activos del sector. En relación con la red de transporte y distribución de gas natural, se crearon cargos específicos -como aporte a los fondos fiduciarios organizados para el desarrollo de infraestructura-, destinados a repagar las obras necesarias para su ampliación, al tiempo que se dispuso quiénes serían los sujetos de su percepción y los obligados a su pago, con exclusión de los consumidores residenciales y otros pequeños usuarios (decreto 1216/2006 y resoluciones 2008/2006 del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y 3689/2007 del ENARGAS). Finalmente, respecto de las tarifas de transporte y distribución del gas natural, en los últimos catorce años su evolución ha sido casi nula. Ante estos precios y tarifas deficitarias, el abastecimiento de gas a los usuarios de todo el país se sostuvo mediante una política de subsidios al consumo y a la oferta. Como puede apreciarse, desde el dictado de la Ley de Emergencia 25.561 en enero del año 2002, el precio del gas pasó de un contexto de libre negociación de las partes a uno de intervención estatal, mientras que su importación, la ampliación de las redes de transporte y distribución y las tarifas que remuneraban dichos servicios fueron financiados, fundamentalmente, con recursos provenientes de cargos tarifarios, programas especiales de crédito, aportes específicos de determinados sujetos del sector y subsidios del Estado Nacional (Párrafo 28)”.

Reiteramos un concepto medular: “el abastecimiento de gas a los usuarios de todo el país se sostuvo”. Pero cómo, ¿no nos quedábamos sin gas? ¿Se habrá desplomado la demanda entonces en 2015, año en el que según Mauricio Macri padecimos una terrible recesión? En 2015 la demanda de gas por redes en el mercado interno se incrementó 1,9% interanualmente. Y entre 2003 y 2015, según datos del ENARGAS, la demanda total creció un 41,6%. Volviendo al fallo de la Corte, afirmar que el abastecimiento se sostuvo cuando se verificó un incremento permanente y progresivo de la demanda desde 2003 es ratificar que el mercado interno fue satisfecho siempre, sea a través de la producción local como de las importaciones (tal y como sucede en las principales naciones del globo). ¿Cómo se logró priorizar el consumo argentino por sobre el consumo extranjero? La participación del Estado en el sector pasó de 5% en 2003 al 2015, mientras que la participación extranjera cayó del 80% al 23%.

¿Y cómo fue que, según la Corte, los gobiernos kirchneristas consiguieron satisfacer una demanda creciente, con un sistema energético heredado totalmente desregulado, privatizado y desnacionalizado el cual priorizaba la exportación de gas a pesar de tener el mercado doméstico totalmente desabastecido, en un país con un pueblo sumergido en la pobreza, la indigencia y el desempleo extremos, con un aparato productivo e industrial al borde del colapso? Lo consiguieron, nos explica la Corte, gracias a la “intervención estatal” “mediante una política de subsidios…”, donde además “el precio del gas pasó de un contexto de libre negociación de las partes a uno de intervención estatal, mientras que su importación, la ampliación de las redes de transporte y distribución y las tarifas que remuneraban dichos servicios fueron financiados… con recursos provenientes de cargos tarifarios, programas especiales de crédito, aportes específicos de determinados sujetos del sector y subsidios del Estado Nacional”. En pocas palabras, para salir de la crisis energética neoliberal no fue necesario ningún tarifazo salvaje ni política de ajuste para desplomar la demanda. Y eso que entonces el grueso de nuestro gas (las célebres y festejadas exportaciones y su superávit comercial) se vendía a precio vil al otro lado de la cordillera. Por último, cabe resaltar que el autoabastecimiento perdido en materia gasífera fue consecuencia directa de la fiesta exportadora entre 1996 y 2002. El gráfico de abajo elaborado por la Cámara Argentina de la Construcción ilustra perfectamente lo referido. De no haber exportado ese gas -producto de un excedente generado a partir de una deliberada política de atrofia en el consumo doméstico- la Argentina se hubiera ahorrado como mínimo cerca de 20.000 millones de dólares de importación de gas boliviano y GNL. Y en relación a este último, nos hubiésemos ahorrado prácticamente todas sus importaciones. Resulta crucial mencionar, finalmente, que los ex secretarios que hoy asesoran a Aranguren fueron los máximos responsables de esta monumental estafa.


Fuente: “El Gas Natural en Argentina. Propuestas Período 2016-2025”, Cámara Argentina de la Construcción.

Obsérvese cómo se incrementa exponencialmente el consumo de gas natural entre 2003 y 2006 comparando con la meseta entre 1995 y 2002. Queda claro que ese incremento del orden del 50% (que alcanzó el 75% en 2014) y que reflejaba la vuelta a la normalidad industrial y productiva en una economía que había estado intencionadamente deprimida podría haber sido compensado en su totalidad o al menos en una altísima proporción de no haber existido las exportaciones. Obsérvese también como la producción se recupera a partir de 2013, en una curva paralela a la representada por el consumo.

Subsidios al debate
En cuanto a los beneficios de una política de subsidios como la implementada durante doce años y que menciona la Corte, empecemos por destacar que el bienio 2013 y 2015 (inclusive) se registró una importantísima recuperación de la producción nacional, desplomando las importaciones y logrando un ahorro de cerca de 3.000 millones de dólares, proyectando alcanzar el autoabastecimiento a mediados de 2019 en un contexto de incremento de la demanda y sin tarifazo (ver bibliografía) -cuando el macrismo nos lo promete para 2020/21 pero con saqueo a los bolsillos y a la calidad de vida de la ciudadanía-. Hecha esta fundamental aclaración, complementamos con más datos los dichos de la Corte.

Entre 2003 y 2015, la red de gasoductos destinados al mercado interno se expandió como nunca desde los tiempos de Gas del Estado e YPF Sociedad del Estado, incorporando a más de 2,3 millones de compatriotas a los servicios de gas por redes, más de 3.000 kilómetros de gasoductos volcados al abastecimiento local, más de 120.000 nuevos medidores en industrias y comercios, una capacidad de transporte incrementada en 27 millones de metros cúbicos por día y el fin de las exportaciones, todo lo cual permitió en los últimos doce años incrementar la demanda gasífera en la generación un 70,5%, en el GNC un 12,9%, en la industria un 18,2%, residencial 49,1% y comercial 30,6%. Incluso el Observatorio de la Deuda Social de la UCA reconoce los avances. En efecto y como se desprende de su informe “Progresos sociales, pobrezas estructurales y desigualdades persistentes: ilusiones y desilusiones en el desarrollo humano y la integración social al quinto año del Bicentenario (2010-2014)”, leemos que “Entre los años 2010 y 2014, el déficit en el acceso a la red de gas natural por parte de los hogares descendió 2,5 p.p., lo que equivale a casi el 10% entre puntas”.

Los precios del gas y la electricidad (mayormente abastecida con dicho hidrocarburo) se ubicaron entre los más competitivos de la región y las naciones emergentes. El Foro Económico Mundial, insospechado de kirchnerismo destaca la importancia de lo anterior “El consumo mundial de energía está fuertemente correlacionado con el PBI y precios de la energía más bajos son motores clave del crecimiento económico”. ¿Puede haber precios bajos de la energía sin subsidios? Claro que no. Y es por esta razón que los subsidios per cápita son directamente proporcionales al PBI per cápita. El gráfico de dispersión que sigue, elaborado por el OETEC, permite darnos una idea de esta relación, por otra parte ratificada por el crecimiento de la economía nacional del orden del 80% producto de una energía abundante, barata y subsidiada:


Fuente: Elaboración propia en base a datos del FMI “How Large are Global Energy Subsidies?” (2015). La escala es logarítmica. Los subsidios no incluyen a las energías renovables eólica y solar.

Se aprecia que los países con los mayores subsidios a la energía per cápita, salvo excepciones y cuya explicación quedará para otra oportunidad, son los países con el mayor desarrollo económico de su producto por persona. Resulta evidente la dirección que debe tomar el Presidente en materia de subsidios energéticos si lo que desea es aproximarse al Primer Mundo.

Conclusiones
Tome nota el lector de lo siguiente. Se trata de un dato más que trascendental obtenido de los célebres índices internacionales tan afectos al neoliberalismo, índice que da por tierra con las zonceras energéticas macristas. En 2015 la Argentina mejoró notablemente su performance en el World Energy Trilemma Index, elaborado por el Consejo Mundial de la Energía (CME), una institución del sector energético internacional acreditada ante la ONU. Qué dice el CME: que la Argentina “mejoró su posición en el Índice de 2015 en 13 posiciones”. ¿Por qué? Porque “mejoró la seguridad energética”. Y aún más importante y que derrumba la zoncera del autoabastecimiento como meta exportadora, dicha mejora fue producto de que “El cambio entre ser exportadores de energía a importadores de energía tuvo un impacto positivo en la seguridad energética del país desde que la dependencia en las importaciones es comparativamente baja”. Como se aprecia, para esta institución la pérdida de la capacidad exportadora no es un problema, porque lo fundamental es la seguridad energética del país. ¿Y cómo define el CME a la “seguridad energética”? Como el “manejo efectivo de la oferta energética primaria de fuentes domésticas y externas, la confiabilidad de la infraestructura energética y la capacidad de las empresas energéticas de satisfacer la demanda presente y futura”. Notable definición, ¿no es así? En relación al período 2003 – 2015 y que la Corte analiza en su fallo, ¿acaso las políticas energéticas de los gobiernos involucrados en dicho período no cumplieron con esta definición?

En la Argentina heredada por el neoliberalismo y que fuera recuperada para la totalidad de sus habitantes entre 2003 y diciembre de 2015, la mentira y la estafa no pueden sino tener patas muy cortas, cada vez más cortas. Tal es así que el fallo, mediante algunas definiciones de neto tinte popular vinculadas a la energía y reivindicaciones de normativas aplicadas en tiempos de vil kirchnerismo, no hace sino reivindicar sus políticas energéticas, como oportunamente hicieron la UCA y el CME. Y ya que de reivindicaciones y mentiras (y sus cada vez más cortas patas) hablamos, cabe recordar cuando el ministro Aranguren reconoció en su interpelación en el Congreso que sí hubo inversiones en materia energética desde 2003, desmintiendo al Presidente de la Nación que había dicho lo contrario.

En suma, la Corte reivindicó las políticas energéticas del kirchnerismo. Es que tal y como venimos sosteniendo desde este Observatorio, la energía está para beneficiar al pueblo, modernizar la economía nacional, expandir su mercado interno y optimizar la competitividad de la industria doméstica en una inserción del país cada vez más alejada del granero del mundo (ahora, “supermercado del mundo”). Si la energía no cumple tales aspiraciones, es porque está en manos del mercado, convertida en lujo para unos pocos, en una mercancía exportable para las empresas del sector y en herramienta de desindustrialización y desmantelamiento del mercado interno para las clases dominantes históricamente afectas al modelo agro-energético-exportador, obligando a la sociedad a reducir su calidad de vida y empujándola hacia un índice de desarrollo humano propio de las naciones más empobrecidas y atrasadas del planeta.

Asimismo, un sistema energético cumple un verdadero rol social cuando sus servicios públicos avanzan en su modernización (por ejemplo, de la leña al gas, del gas en garrafas al gas por redes, del kerosene a la bombilla de luz, etc.) y cuando su accesibilidad y asequibilidad no encuentran barreras políticas ni económicas. En el Párrafo 33, la Corte señala al respecto que “… el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera calificarse de “confiscatoria”, en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar”. Lamentablemente, desde el 10 de diciembre vamos en la dirección contraria a lo advertido por la Corte: cada vez más argentinos empobrecidos, un Estado cada vez más ausente, ingresos de las clases populares disminuidos producto de la concentración económica, la confiscación tarifaria y una brutal transferencia de recursos hacia el poder financiero y de los agro-negocios. Y lamentablemente también es el hecho de verificar que cada vez más compatriotas se vean obligados a recurrir a la leña y a las bolsas de agua caliente para calefaccionarse adecuadamente (baten récord de facturación e importaciones; ver bibliografía), o deban colgarse a la red eléctrica por no poder pagar. La anarquía mercadista y su poder de sometimiento sobre argentinos y argentinas resulta evidente, incluso para la Corte.

La experiencia mundial, pasada como presente, enseña que un sistema energético que se proponga la defensa del interés público, esto es, el Estado por encima del mercado e implementando una política de subsidios eficiente (como indirectamente se reconoce en el fallo para el caso del gas y su infraestructura), resulta vital al desarrollo socioeconómico de las naciones. Es que la salud energética de una Nación es la salud energética de su pueblo, no la de su balanza comercial. Nunca más oportuno pues traer a colación esta definición de Naciones Unidas, censurada por los medios de comunicación reaccionarios y “especialistas” de la energía: “La prestación de servicios de energía adecuada y confiable a un precio asequible, de una manera segura y ambientalmente benigna, y de conformidad con las necesidades del desarrollo económico y social, es un elemento esencial del desarrollo sustentable. La energía es vital para erradicar la pobreza, mejorar el bienestar humano y elevar el nivel de vida”. Durante los últimos doce años no fueron otras las metas del Plan Energético Nacional lanzado en 2004 por Néstor Kirchner, profundizado por Cristina Fernández de Kirchner e implementado por el Ministerio de Planificación Federal.

Somos conscientes, para terminar, que si bien queda mucho camino por recorrer para acabar definitivamente con la flagrante estafa energética contra la ciudadanía (léase “tarifazo”), la primera gran batalla en defensa de la seguridad jurídica popular ha sido rotunda. En las audiencias públicas, por más que no sean vinculantes, el anarquismo mercadista deberá explicarlo y justificarlo todo. Depende exclusivamente de nosotros que lo hagan, aunque no puede dejar de mencionarse que en su fallo la Corte hizo especial énfasis en su facultad jurisdiccional de controlar “la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las tarifas”, ciertamente, un claro mensaje al Ejecutivo y la decisión que termine tomando una vez consumadas las audiencias.

Bibliografia
OETEC (18/07/2016) El Ministerio de Energía confirma que el tarifazo gasífero es una aberración
http://oetec.org/nota.php?id=1933&area=1

OETEC (29/07/2016) Tarifazo: las bolsas de agua caliente baten récord de importaciones http://www.oetec.org/nota.php?id=1973&area=1

OETEC (25/02/2016) Cuestión gasífera y evolución de la demanda nacional de gas por redes en 2015
http://www.oetec.org/nota.php?id=1597&area=14

OETEC (5/04/2016) Precios más bajos de la energía benefician a los hogares e industrias por igual
http://www.oetec.org/nota.php?id=%201712&area=%201

Datos Operativos del ENARGAS
http://www.enargas.gov.ar/DatosOper/Indice.php

World Energy Council