Reforma previsional


En la batería de las reformas estructurales que se debaten en nuestro país, tal vez la concerniente al sistema previsional sea la más sensible, debido a sus consecuencias sobre el bienestar económico de generaciones actuales y futuras. El debate del Proyecto de Ley presentado por estos días es tan sólo un preludio de la reforma integral que el Ejecutivo pretende implementar en 2019. En ese tránsito, se pavimenta el terreno a partir de una serie de modificaciones técnicas que reducen el peso del sistema sobre el erario público. La prenda de cambio para negociar el deterioro de las condiciones de vida de los jubilados, parece ser el compromiso de que los fondos ahorrados cubrirán el desfalco fiscal, compensando el costo de la reforma tributaria y el pacto fiscal.

Para poner en contexto, en el presente material realizamos un análisis técnico sobre la modificación en el régimen previsional, con foco en las consecuencias económicas de la modificación en la fórmula de movilidad. En particular, cuantificamos los efectos del último cambio promovido por el oficialismo a los fines de obtener consenso parlamentario: la incorporación de un bono a pagar el mes de marzo en concepto de monto fijo no acumulativo. En breves términos, los principales resultados cuantitativos del informe se resumen a continuación:

  • La transferencia positiva de recursos a los jubilados y perceptores de la AUH por la aplicación del pago único de marzo, se cuantifica entre $3.690 millones y $3.920 millones.
  • Este número contrasta fuertemente con la detracción global de recursos, producto del cambio de fórmula de ajuste. En términos agregados, la transferencia “compensadora” por el bono representa aproximadamente un 4,22% de los $90.000 millones en concepto de recursos del sistema de seguridad social que se pretende ajustar.
  • Utilizando hipótesis de inflación y recaudación en función a los parámetros oficiales de las metas macrofiscales de 2018, se puede proyectar escenarios relativos a la evolución de haberes.
  • Por caso, durante 2018, la suma de los haberes a percibir por los jubilados que ganan la mínima (y cumplen con los años de aportes) sería de aproximadamente $108.000 si se mantuviera la Ley de Movilidad actual. En cambio, de aprobarse el proyecto oficial con el bono planteado para marzo, los haberes sumarían poco más de $104.000. Esto es, un 4,18% menos.
  • La situación es aún peor para los jubilados que cobran la mínima producto de moratorias y los jubilados con jubilaciones superiores a los $10.000 –quienes no recibirán bono. En números, durante 2018 los primeros perderán un 4,56% de sus ingresos producto de la nueva Ley, mientras que, en promedio, los jubilados que cobran un haber medio resignarán casi un 5%.
  • Extendiendo el horizonte, el deterioro de ingresos por el cambio de fórmula toma carácter de acumulativo. Así, en el acumulado de 2018 a 2019, los jubilados de la mínima (aportantes) resignarán ingresos por alrededor de $8.900 mientras que los que cobran la mínima y se jubilaron por medio de la moratoria, acumularán una detracción de ingresos cercana a los $9.300.
  • En el nivel agregado se conjugan dos efectos contrapuestos. Por un lado, la transferencia positiva sobre 900 mil jubilados por el 82% móvil y sobre 5 millones más, producto de la aplicación del bono. En contraste, se tiene una transferencia negativa superior a los $60.000 millones por el cambio en la fórmula de movilidad. En el neto, la primera representa un 6,4% de lo que los adultos mayores perderán mensualmente por la nueva ley.

 

Contenido relacionado