El maquillaje del Presupuesto 2018


Días después de las elecciones se viene un debate repetido en la historia nacional. Lo distintivo del proyecto de Ley de Presupuesto 2018 es que se tratará del primer presupuesto hecho a imagen y semejanza del modelo que la ortodoxia económica busca implementar. Vale recordar que el Presupuesto 2016 no fue elaborado por el actual gobierno, mientras que el diseño del actual estuvo condicionado por las exigencias de un año electoral que no dejaba lugar para los puristas del ajuste.

Como todo Presupuesto, el correspondiente a 2018 no está exento de posibles desvíos por discrecionalidad política o simples argucias contables para maquillar la realidad. No obstante, a la hora de evaluar el perfil de una gestión, lo que se explicita siempre es más fuerte que lo que se intenta disimular. Por caso, el escenario macroeconómico que se proyecta para los próximos años establece una hipótesis de crecimiento del tipo de cambio por debajo de la inflación, en conjunción con una trayectoria de endeudamiento y déficit comercial creciente. Traducido al lenguaje del común, un modelo similar al de los ‘90, salvo el hecho de que la convertibilidad era una ficción en torno a un valor fijo del dólar, mientras que, en este esquema, el tipo de cambio gravita en una tendencia suavemente alcista. El paralelismo con el modelo menemista de endeudamiento y fuga continúa, a partir del deficitario saldo esperado de la cuenta corriente, producto del “veranito” del dólar barato y el cada vez más significativo peso de los intereses de la deuda pública interna y externa.

El mensaje de elevación del proyecto de Ley al Congreso postula en su página 35 que “una política social activa, inteligente y sostenible es fundamental para reducir la pobreza, mitigar sus efectos e igualar oportunidades”. No obstante, cuando se estudia la composición del gasto, se encuentra que en más de la mitad de los Ministerios que ejecutan partidas relativas a inversión social, se prevé un retroceso para el año próximo, cuando se mide a valores reales (neto de la inflación media del 15,7 por ciento que el presupuesto postula). En el detalle, la jurisdicción del sector público nacional más castigada será el Ministerio de Energía y Minería, debido a la nueva ronda de tarifazos y baja de subsidios a consumidores, con un deterioro presupuestario del 30,4 por ciento real. La siguen el Ministerio de Transporte (-19 por ciento), Agroindustria (-16,5) e Interior, Obras Públicas y Vivienda (-11,6).

El manejo de la técnica presupuestaria es evidente. El gobierno nacional intenta sobredimensionar todo ítem presupuestario paramétrico, que empuja para arriba el promedio general de gasto, a partir de estimar con optimismo panglossiano variables sobre las que no tiene un control directo. La contracara de esta decisión deliberada es la de un mayor nivel de grados de libertad para justar partidas de trasfondo social.

En plan de impostar la clasificación “por finalidad y función” muestra el ítem de “servicios sociales” con un alza del 21 por ciento, lo cual representa un avance real cercano al 5 por ciento. Lo que enmascara este número agrupado es que el ítem de servicios sociales incluye la totalidad de las partidas de seguridad social, cuyo crecimiento no se basa en una decisión política, sino que su aumento está atado a la Ley de Movilidad. Es una hipótesis por demás ambiciosa en este rubro, que genera una inflación artificial en el conjunto del bloque de servicios sociales.

En ese sentido, el subconjunto de desembolsos por seguridad social, que se proyectan un 21,7 por ciento al alza en 2018, representan un 75 por ciento de los servicios sociales, con lo cual mantienen una preponderancia sustantiva sobre su resultado. Ahora bien, es interesante considerar que la fórmula de movilidad previsional tiene en cuenta en su cálculo tanto la inflación como la recaudación de la Anses. Con un nivel general de precios 5 puntos porcentuales por debajo del mencionado aumento esperado en seguridad social, cuesta pensar que el aumento de la base imponible (nuevos trabajadores y empleadores tributando) pueda llegar a compensar tamaña magnitud de diferencial como para cumplir la proyección oficial de mejora en la asignación de fondos para servicios sociales.

Cuando se cruzan los números presupuestados con la efectiva ejecución del primer bienio de administración macrista, surgen reminiscencias con la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, donde el mecanismo de subejecución de partidas sociales era el dispositivo indicado para desviar recursos al gasto político sin atacar la desigualdad estructural entre sur y norte.

En la actualidad, en el nivel nacional, se identifica con claridad un ritmo asimétrico en la ejecución de partidas según el grado de compatibilidad con las prioridades de Cambiemos. Transcurridas tres cuartas partes del año se tienen programas sociales con un grado de ejecución muy baja. Por caso, en el Ministerio de Salud, las acciones orientadas a la investigación de medicamentos, vacunas y productos médicos presenta una ejecución (proyectada a fin de año) del 15,7 por ciento. En igual área, los fondos destinados a la salud infantil proyectan una ejecución del 60,9 por ciento al finalizar el año. Esto implica que, de mantenerse este ritmo para el último trimestre, casi 4 de cada 10 pesos originalmente destinados a cuidar la salud de los recién nacidos y niños de primera infancia, se aplicará para otras finalidades. Igual fenómeno ocurre con partidas sensibles del Ministerio de Desarrollo Social donde, por ejemplo, se espera una subejecución superior al 27 por ciento en el ítem relativo a la promoción y protección de los derechos de adultos mayores. La perlita, sin dudas, está signada por el programa de fortalecimiento de jardines de infantes, una de los caballitos de batalla de Mauricio Macri en los albores de su gestión. No obstante, transcurridos nueve meses del año, la ejecución proyectada para 2017 alcanza sólo un 36,2 por ciento.

El escenario impositivo para el año próximo no se revela más auspicioso. Los ingresos tributarios perderán un 0,4 por ciento en relación al PIB. Sin dudas la baja en la presión tributaria agregada se explica por la reforma regresiva que el gobierno espera implementar el año próximo. Se pueden entrever algunos rasgos de dónde apuntará la modificación del sistema, a partir del análisis de las proyecciones de recaudación por impuesto. En sendero decreciente Bienes Personales, que pierde más de un 40 por ciento de su participación en la matriz tributaria general. También se observa una modificación en los derechos de importación y de exportación, con los primeros ganando participación en detrimento de los segundos. Este fenómeno no se da por un efecto proactivo de un Estado protegiendo la industria local por medio de aranceles, sino como subproducto del déficit comercial creciente de los próximos años.

En suma, la menor recaudación tributaria, aun incorporando hipótesis sobredimensionadas sobre el devenir macroeconómico y la evolución de recursos previsionales, comienza a generar un escenario riesgoso para las cuentas públicas en el mediano y largo plazo. El maquillaje técnico sobre el presupuesto no logra disimular los pilares del programa de ajuste próximo, cuyo primer efecto se sentirá a fines del corriente año, a partir de una nueva ronda de aumentos de las tarifas de servicios públicos.

* Director de la carrera de Economía en la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) e integrante de EPPA.
Publicada en: www.pagina12.com.ar/69183-el-maquillaje-del-presupuesto-2018