¿Resultado primario o financiero?


Haciendo caso omiso al impacto recesivo que tiene la reducción del gasto público, el gobierno emprendió una “cruzada” contra el déficit fiscal, en el entendimiento de que es la llave para abrir las puertas al círculo virtuoso de las inversiones y el crecimiento. Es así que, a poco de asumir, se anunció un programa de metas fiscales para reducir paulatinamente el resultado primario (la diferencia entre los ingresos del Estado y los gastos, sin considerar a los intereses de deuda).

A un año y medio de la implementación de las metas fiscales, el gobierno se las fue ingeniando para cumplirlas en un contexto en el que la sociedad imponía límites a los recortes de gasto público. El elemento esencial que permitió dicho cumplimiento fue el incremento extraordinario (y de una sola vez) de los ingresos producto del blanqueo.

El Gobierno sobre-cumplió la meta para 2016 logrando un déficit de 4,6 por ciento del PBI.  Ahora bien, sin el 1,5 por ciento de ingresos extraordinarios que generó el blanqueo, el déficit de 2016 hubiera llegado a 6,1 por ciento. Por lo tanto, en 2016 se cumplió un programa de metas sirviéndose de recursos que se pueden utilizar una sola vez.

Es aquí que se plantea el conflicto de cómo se alcanzará el plan de metas fiscales, que plantea la reducción de 1 punto porcentual del PBI desde el 4,2 por ciento presentado para el 2017, hasta 2,2 por ciento a alcanzar en 2019, en un contexto donde no volverá a contar con estos recursos extraordinarios.

A la par el Gobierno anunció que se encuentra preparando una reforma impositiva tendiente a reducir la presión tributaria. De esta manera se va preparando el terreno para que el cumplimiento de las metas venga inexorablemente de la mano de un ajuste drástico del gasto público.

El Gobierno ha fustigado al empleo público como uno de los causales del déficit, pero este discurso no tiene asidero en la realidad, y de hecho el gasto salarial en lo que va del 2017 sólo representó el 15 por ciento del total, y prácticamente la mitad de la planta de empleados estatales nacionales lo representan las fuerzas de seguridad y defensa.

De hecho, el principal gasto público lo constituyen la seguridad social y otras prestaciones sociales que representa más de la mitad del gasto público. Es por eso que un ajuste acorde con las metas fiscales propuesta (máxime si se considera las reducciones impositivas en estudio) terminará afectando más temprano que tarde al sistema de seguridad social.

Por otra parte, las metas fiscales se han fijado en base al déficit primario, donde no se consideran los intereses de la deuda pública. Pero en el marco del inicio del nuevo ciclo de endeudamiento que ha tenido lugar a partir de 2016 (cuyo rasgo más saliente es un aumento de la deuda en moneda extranjera en más de 60 mil millones de dólares), hay que prestar particular atención al resultado financiero (que sí incorpora el pago de intereses).

En este sentido el peso de los intereses que debe afrontar el gobierno se está empezando a volver un factor relevante. En efecto, mientras la participación de los intereses en el gasto público promedió entre 2003 y 2015 el 6,5 por ciento, a partir del cambio de gobierno comenzó a incrementarse. Durante el primer cuatrimestre de 2016 ya alcanzaba el 7,6 por ciento, y un año después, en los primeros cuatro meses de 2017, trepó hasta el 10,6 por ciento, superando los dos dígitos por primera vez desde la crisis de 2001. Así el pago de los servicios de la deuda empieza a posicionarse como un condicionante estructural de la economía argentina. Este condicionante no sólo se presenta a nivel nacional sino incluso para las finanzas provinciales, para las que empieza a ser un factor a tener en consideración.

Otro aspecto a destacar es que buena parte del endeudamiento público se realiza en moneda extranjera, y por lo tanto el peso de los intereses en el gasto público está asociado a la evolución del tipo de cambio. Así en caso de que se deprecie la moneda, subiría el peso de estos intereses. Esta estrategia de endeudamiento pareciera descansar en la confianza que el Gobierno detenta acerca de su capacidad de mantener en el corto (y mediano) plazo la estabilidad cambiaria, la cual hoy depende estrechamente del acceso al financiamiento externo, pero que a su vez impacta en mayores pagos de intereses.

Esto no significa que necesaria y automáticamente la economía argentina se encamine hacia una crisis de deuda, pero sí implica que lentamente se van generando tensiones sobre las finanzas públicas por el lado del resultado financiero, mientras la estrategia oficial se encamina a bajar el gasto (con el impacto distributivo que ello implica) para mejorar el resultado primario.