Castigo al libro

a industria cultural es una actividad económica especial. La Unesco incluye en ese ítem a todos los sectores cuyo objeto principal sea la producción o reproducción, promoción, difusión y comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. El concepto de industria cultural fue acuñado en la segunda posguerra a partir de los insumos teóricos aportados por la Escuela de Frankfurt. Entre ellos, los desarrollos críticos de la cultura de masas realizados por Theodor Adorno y Max Horkheimer. “Posteriormente el término mutó su significado poniéndose énfasis en los impactos económicos que generan las actividades culturales y por ende su particular interés en términos de política pública”, explica un documento oficial del Ministerio de Hacienda y Finanzas (Informes de Cadenas de Valor, octubre 2016).

En los últimos años se multiplicaron los trabajos que analizan su contribución al crecimiento económico, empleo y desarrollo. La industria cultural aporta alrededor del 3,7 por ciento del valor agregado total en la Argentina. El sector editorial es una de las actividades más representativas de esa cadena de valor. El escenario actual es similar al de la mayoría de las ramas industriales: incremento sustancial de los costos (logísticos, tarifas, servicios básicos) y fuerte caída de la demanda.

A eso se sumó, la interrupción de las compras gubernamentales. La gestión de Alberto Sileoni al frente del Ministerio de Educación implicó un apoyo muy grande para las pequeñas y medianas editoriales nacionales. El programa de compras masivas de libros acercó millones de textos de muy buena calidad a estudiantes de las escuelas públicas. En ese marco, la producción editorial cayó un 25 por ciento interanual en 2016 (luego de un crecimiento del 3,4 por ciento en 2015) y se multiplicó el cierre de librerías.

La situación actual se asemeja al de la década del noventa con achicamiento del mercado e irrupción de las compañías multinacionales en el mercado local.

La industria cultural es una actividad económica especial. La Unesco incluye en ese ítem a todos los sectores cuyo objeto principal sea la producción o reproducción, promoción, difusión y comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. El concepto de industria cultural fue acuñado en la segunda posguerra a partir de los insumos teóricos aportados por la Escuela de Frankfurt. Entre ellos, los desarrollos críticos de la cultura de masas realizados por Theodor Adorno y Max Horkheimer. “Posteriormente el término mutó su significado poniéndose énfasis en los impactos económicos que generan las actividades culturales y por ende su particular interés en términos de política pública”, explica un documento oficial del Ministerio de Hacienda y Finanzas (Informes de Cadenas de Valor, octubre 2016).

En los últimos años se multiplicaron los trabajos que analizan su contribución al crecimiento económico, empleo y desarrollo. La industria cultural aporta alrededor del 3,7 por ciento del valor agregado total en la Argentina. El sector editorial es una de las actividades más representativas de esa cadena de valor. El escenario actual es similar al de la mayoría de las ramas industriales: incremento sustancial de los costos (logísticos, tarifas, servicios básicos) y fuerte caída de la demanda.

A eso se sumó, la interrupción de las compras gubernamentales. La gestión de Alberto Sileoni al frente del Ministerio de Educación implicó un apoyo muy grande para las pequeñas y medianas editoriales nacionales. El programa de compras masivas de libros acercó millones de textos de muy buena calidad a estudiantes de las escuelas públicas. En ese marco, la producción editorial cayó un 25 por ciento interanual en 2016 (luego de un crecimiento del 3,4 por ciento en 2015) y se multiplicó el cierre de librerías.

La situación actual se asemeja al de la década del noventa con achicamiento del mercado e irrupción de las compañías multinacionales en el mercado local.

El contacto directo con el autor, la creatividad y la innovación permitieron a muchas editoriales nacionales resistir el embate y permanecer de pie. Los cambios morfológicos en esa rama productiva tuvieron correlato institucional. Las editoriales extranjeras se agruparon en la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP) y las pymes nacionales se quedaron en la Cámara Argentina del Libro (CAL).

El difícil panorama de esa rama productiva quedó expuesto en la inauguración de la tradicional Feria del Libro. El presidente de la Fundación El Libro planteó que la industria atraviesa uno de los momentos más delicados de la historia. Martín Gremmelspacher agregó que recibiría “un tiro de gracia” de concretarse un proyecto del Ministerio de Hacienda que intenta gravar al libro con un IVA del 19 por ciento “derogando la excepción sostenida por décadas a través de todos los gobiernos”.

La respuesta del secretario de Cultura de la Nación no hizo más que extender el descontento. Pablo Avelluto contestó que “parafraseando a una querida amiga escritora, Beatriz Sarlo: ‘Conmigo no, Martín’. Esta no es la peor crisis de la industria editorial, no hay ningún tiro de gracia”.

Los datos duros desmienten al funcionario: en un año se dejaron de producir 55.000 ejemplares por día. Los que visiten por estos días la Feria del Libro visualizaran el reclamo encabezado por la CAL y la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines (CAPLA). Ambas entidades solicitan al gobierno nacional políticas públicas de promoción del libro argentino, fortalecimiento de bibliotecas escolares y públicas, programas de promoción de la lectura y apoyo a las librerías, créditos flexibles para la producción de bienes culturales y promoción de las exportaciones.

drubinzal@yahoo.com.ar 

@diegorubinzal