Gobierno para los ricos


Hace un año, este colectivo se pronunció de manera crítica ante los primeros esbozos de un programa económico neoliberal en lo económico y conservador en lo político. Aquel contexto nos hacía pensar en un retorno a las peores prácticas de ajuste, liberalización de mercados, anulación de las políticas de fomento de sectores sensibles y extranjerización de la economía. Habiéndose verificado aquellas presunciones, ahora observamos las consecuencias sociales y productivas de una recesión autoinducida por decisiones macroeconómicas que se verificaron erróneas. Superada esa instancia de diagnóstico inicial, en esta oportunidad nos proponemos repasar los principales desencadenantes del actual cuadro de ajuste general y problematizar las perspectivas de un modelo de incentivos a la especulación rentística financiera, tendencia a la dolarización y a la fuga de divisas.

Primer año
La devaluación de diciembre 2015 (del orden del 50 por ciento), con quita de retenciones simultánea, impuso una fenomenal transferencia de recursos para los sectores más concentrados de la producción primaria y del comercio exterior. El incremento en el precio de los alimentos castigó a los hogares más humildes, con un sesgo de regresividad en detrimento de aquellos que se ubican en los deciles más bajos de la distribución del ingreso.

Por sus evidentes efectos de rebote de segunda ronda, y su mayor incidencia sobre las familias de menores ingresos, los tarifazos en los servicios públicos explicaron buena parte de la disparada de la inflación de 2016 por encima del 40 por ciento. Este contexto, estranguló el poder adquisitivo de los sectores populares, encareciendo todos los consumos indispensables.

A nivel macroeconómico, y tras un aumento del PIB del 2,6 por ciento en 2015, el 2016 se caracterizó por un pronunciado retroceso en la actividad económica. Es así que el primer año de gobierno de Cambiemos terminó con una retracción promedio general del 2,3 por ciento.

El nuevo patrón de acumulación tendiente a expandir la rentabilidad del capital financiero y del sector agrario concentrado, en detrimento del entramado Pyme, no parece haber alcanzado piso. El primer bimestre de 2017 de la industria y la construcción comenzó con bajas del 3,5 y 2,9 por ciento, respectivamente.

La estructura del comercio exterior ha sufrido un grave retroceso cualitativo, como si se añorara la conformación del país para unos pocos sostenido a través del funcionamiento de un modelo agroexportador sustentado en la productividad diferencial de la Pampa Húmeda. En ese contexto de crisis económica, la disposición del gobierno de modificar los requerimientos para importar, relajando la protección con que contaba la industria nacional, impactó fuertemente en la estructura del comercio exterior. Mientras el país atraviesa una grave crisis productiva, las importaciones de bienes de consumo finales crecieron 9,1 por ciento, afectando al productor nacional. No hubo en cambio una avalancha importadora en las importaciones asociadas a la actividad productiva, donde el rubro de piezas y accesorios para bienes de capital presentó una caída del 10,8 por ciento.

Por su parte, la política internacional asestó un duro golpe al proyecto económico de libre comercio. La asunción de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, y sus primeras medidas implementadas, abren la posibilidad de que la economía mundial de lugar a un nuevo ciclo proteccionista, donde se cierren los mercados y se achique el comercio mundial. Además, aparece en el horizonte un período de encarecimiento del dinero, con la elevación de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que ya aceleró el ritmo de subas. Este nuevo escenario mundial, podría dificultar la posibilidad de continuar con el ritmo de endeudamiento acelerado. Por otro lado, la suba de las tasas tendrá efectos sobre el capital financiero.

Salarios e inflación
Todo lo anterior consolidó una pérdida de entre 10 y 12 puntos del poder adquisitivo de los salarios en 2016. El avance de la inflación impactó con más fuerza entre los estratos más bajos de la distribución del ingreso. Por ejemplo, es mayor la proporción que tiene el rubro alimentos en los gastos de los estratos de base, ítem que en el último año se ha incrementado 34 por ciento promedio (según el IPC CABA). En el análisis producto por producto, se pueden encontrar, incluso, bienes de consumo masivo con incrementos superiores al 100 por ciento.

Este impacto diferencial del proceso inflacionario genera una inequidad creciente en la base de la distribución, en un contexto en el cual se han incorporado más de un millón y medio de nuevos pobres en el 2016. El resultado evidente es el de un incremento en la desigualdad social, lo cual se transparenta en un deterioro del Coeficiente de Gini de 0,39 a 0,42 en la comparativa anual entre el segundo trimestre de 2015 e igual período de 2016.

El disciplinamiento del gobierno de Cambiemos a las mayorías populares no proviene tan sólo de la licuación del poder adquisitivo del salario. Este modelo de transferencias regresivas, ajuste y recesión, no puede cerrar sin un ataque sistemático al colectivo trabajador, actor privilegiado en el proyecto político de los anteriores doce años. El mejor ejemplo de esta intentona de avance contra las instituciones mismas de garantía de derechos ha sido la decisión del gobierno de enfrentarse a los gremios docente, a fin de no convalidar una negociación colectiva de carácter nacional.

El sujeto social más expuesto a las consecuencias de los desaciertos macroeconómicos, la apertura del comercio exterior, y el corrimiento del Estado, es el de los trabajadores y las trabajadoras. Es ineludible una mención sobre las políticas directas e indirectas puestas en práctica por el gobierno para emprender una flexibilización laboral, tendiente a garantizar mano de obra barata para las empresas.

La precariedad laboral se hace manifiesta con la destrucción de miles de puestos de trabajo registrados en el sector privado que pasan a engrosas las filas de monotributistas y cuentapropistas, o constituyen el “ejército de reserva” que coadyuva a presionar los salarios a la baja. Los propios datos oficiales confirman que prácticamente la totalidad del empleo creado en el último año se corresponde con estas dos categorías, lo cual implica una evidente menoscabo de calidad del empleo.

Sin el empuje de salarios reales al alza, el comercio –sobre todo en el segmento Pyme– se derrumba. A la vez las economías regionales fueron arrastradas por la crisis. En algunas ramas la situación es apremiante, como en el sector lechero, donde el consumo de leche fluida, un producto básico en la alimentación de la población, cayó 25,3 por ciento. Otras ramas industriales como textiles, electrónicos y electrodomésticos también sufren caídas importantes. Hoy vemos como cientos de establecimientos fabriles cierran sus puertas y dejan sin empleo a miles de argentinos.

Los perdedores de estas políticas económicas, como era previsible, son los trabajadores asalariados (formales e informales), cuentapropistas, jubilados, comercios barriales, Pymes y las economías regionales.

Modelo financiero
El oficialismo también apela a una supuesta “pesada herencia” en materia monetaria y financiera para justificar la voracidad de un modelo sustentado en la valorización, dolarización de activos y fuga de capitales. Pero la fragilidad e insustentabilidad del actual modelo no son más que las consecuencias de las medidas implementadas por el macrismo desde la primera semana al frente del Poder Ejecutivo. Un repaso de las prioridades de gestión del gobierno no hace más que traer a la memoria la historia conocida de los modelos rentísticos financieros del modelo de la dictadura y de los ‘90. Se destaca:

Eliminación de las restricciones a la permanencia mínimas a los capitales en el país estimulado la inversión especulativa y los “capitales golondrina”.
Desmantelamiento de la UIF a partir del recorte de sus funciones y la disminución de los controles que la misma debiera ejercer en la lucha contra los delitos económicos.
La política de endeudamiento público y privado con un esquema de altas tasas en pesos, lo cual fomenta la realización de fabulosos negocios de valorización financiera.
La política comercial con apertura indiscriminada a las importaciones que intensifica la salida de divisas y la destrucción del entramado industrial nacional.
Un tipo de cambio de falsa “flotación libre” determinado por los grandes jugadores del sistema, que aprovechan la abundancia relativa del modelo de endeudamiento externo para dolarizar sus carteras.
La deuda eterna
La Argentina hacia fines del 2015 se encontraba con niveles de endeudamiento externo bajos en relación a otros países de la región y del mundo y en términos históricos. Con el cambio de Gobierno se produjo un giro copernicano en este sentido a partir de “la vuelta a los mercados internacionales de créditos”. Esto es, un proceso acelerado de endeudamiento en dólares, que está generando una bola de nieve en donde la deuda nueva se utiliza en proporciones crecientes para pagar la deuda vieja. Después de acatar todas las demandas hechas por los fondos buitre, el país volvió a los mercados financieros internacionales aprovechando el bajo ratio de deuda externa sobre PIB que había heredado de la gestión anterior. En un año, las colocaciones de deuda del gobierno nacional en todas las monedas alcanzaron los 65.000 millones de dólares, mientras que la deuda externa bruta del país creció casi 23.000 millones de dólares (un 32 por ciento interanual).

El stock de la deuda externa presiona sobre el presupuesto público cuando se ve que la partida que más ha crecido es la de pago de intereses. La necesidad de endeudamiento externo para pagar vencimientos de capital ha puesto al país nuevamente en una situación de dependencia. En ese contexto, Argentina ha vuelto a ser “supervisada” por el FMI. Mientras tanto, nuevas voces reclaman un mayor ajuste, al ver como se amplía el déficit fiscal a niveles alarmantes. Con lo emitido hasta el momento, la Argentina deberá pagar en concepto de capitales e intereses de la deuda 57.000 millones de dólares en 2017 de los cuales cerca de un 60 por ciento corresponden a emisiones de deuda hechas por el macrismo desde el 10 de diciembre del 2015.

Las elevadas tasas de interés que se pagan en cada emisión junto con la necesidad continua de generar nueva deuda para pagar la deuda anterior conllevan a que el país se encuentre sujeto a la voluntad de la banca (nacional e internacional) perdiendo independencia para la toma de decisiones.

El fuerte endeudamiento sumado a los dólares que entraron a la economía por el blanqueo de capitales produjo, a pesar de las compras record de divisas, que la variación del tipo de cambio en el año fuera menor a la inflación. Con el dólar estático, el stock de Lebac colocado en el mercado ha superado holgadamente los 700.000 millones de pesos, equivalente a casi 15 puntos porcentuales del PIB. Esta masa de déficit cuasifiscal no para de crecer y compromete la situación patrimonial del Banco Central. La bicicleta financiera ha vuelto a rodar. Si al stock de este instrumento financiero se agrega el monto en circulación en concepto de “pases interbancarios” (papeles con vencimientos de siete días o incluso un día), el total de deuda de corto plazo del BCRA trepa a más de 900.000 millones de pesos.

En un sistema monetario sin restricciones al movimiento de capitales, ese esquema implica una importante vulnerabilidad ante movimientos abruptos de corto plazo. Por otro lado, es un indicativo de que la lluvia de dólares productivos fue reemplazada por el arribo de capitales especulativos. En febrero de 2017, en un escenario de incertidumbre productiva, por cada dólar que ingresó del exterior para la economía real entraron cinco dólares que se volcaron a la inversión en activos financieros.

No se produjo el shock de confianza ni la lluvia de inversiones externa e interna. En 2016, la formación de capital fijo (inversión) cayó un 5,5 por ciento, lo cual colisiona con la supuesta intención de implementación de un modelo económico basado en la ampliación de la oferta. Ocurre que la inversión en la economía no se mueve por “la confianza”, “las instituciones”, “el clima de negocios” ni los buenos modales de los gobernantes, sino por las perspectivas de colocar bienes y servicios pudiendo, de esa forma, obtener ganancias.

La bicicleta
La contracara del endeudamiento, como sucede en los modelos de valorización financiera, es la fuga de capitales. A pesar de los augurios sobre la confianza en el nuevo modelo, la dolarización de carteras está en niveles como no se habían registrado en décadas. De enero a noviembre de 2016 se fugaron algo más de 11.000 millones de dólares (+84 por ciento interanual), mientras que, en los dos primeros meses de 2017, entre la dolarización de las carteras (atesoramiento) y la demanda de divisas para turismo se perdieron 9000 millones de dólares.

La dinámica del incipiente proceso de dolarización de la economía no llega a encender los sensores de alarma debido al coyuntural exceso de liquidez de divisas, por el (acelerado) retorno a los mercados de deuda y los ingresos por única vez del blanqueo. No obstante, el ritmo de derroche de las (escasas) divisas genuinas debería concitar la atención de los hacedores de política.

Los resultados de 2016 no parecen responder al típico efecto manada una vez que se libera una compuerta, sino más bien son característicos de un cambio de régimen que no está exento de riesgos en el largo plazo. Interesante es resaltar que esos casi 4000 millones de dólares en un bimestre representan la suma de dólares fugados del sistema más grande desde 2003 en igual período.

Este proceso no se podría entender sin un flujo creciente de dólares por deuda externa. Otro combustible para dar saciedades a la voracidad por la divisa, son los capitales financieros que entran por carry trade para aprovechar la bicicleta financiera de tasas en pesos cercanas al 25 por ciento y un tipo de cambio estático. Se estima que más del 70 por ciento de las reservas se explica por dólares de la deuda y capitales golondrina. Las reservas “genuinas”, propias del flujo comercial –agroindustrial, por excelencia– siguen siendo escasas, y los cambios normativos en las exigencias de liquidación de exportaciones desincentivan su repatriación en un entorno macroeconómico como el actual.

Reflexiones políticas
Para concluir, resulta importante señalar lo siguiente:

Manifestar el rechazo a las políticas de recorte de subsidios, de ajustes presupuestarios para los gastos en salud, educación, ciencia y tecnología y el intento de modificar el índice de ajuste en las jubilaciones. Estas medidas que ha tomado el Gobierno en los últimos meses componen los lineamientos programáticos del Fondo Monetario Internacional para la región.
Repudiar que la mayor parte de la deuda contraída debe ser saldada en el corto y mediano plazo por lo cual queda deteriorada la capacidad de repago del Gobierno Nacional.
Advertir sobre la tendencia del último año a la dolarización de activos en la economía. Esto se manifiesta, por un lado, a partir de la proliferación de créditos en moneda extranjera para sectores que no tienen capacidad de generación de divisas. Por otro, por el diseño de un modelo de incentivos orientados a garantizar la rentabilidad de inversiones financieras en instrumentos dolarizados. En un sistema de liberalismo cambiario, y con un escenario externo de fuerte volatilidad en los flujos de capitales, el riesgo de un proceso de dolarización de activos creciente es el de una mayor exposición a corridas cambiarias o a intentos de los grandes jugadores del mercado de condicionar el accionar de la política económica actual o futura.
Explicitar el pesimismo con respecto a una eventual etapa de crecimiento económico futuro. No existen indicios de los denominados “brotes verdes” ni tampoco indicios de que pueda llegar a darse en el mediano y largo plazo un proceso de crecimiento virtuoso en donde los asalariados puedan recomponer su delicada situación vigente.
Remarcar que los principales beneficiados por las políticas regresivas aplicadas han sido y serán un pequeño grupo de sectores dentro de los cuales se destacan las empresas energéticas, algunos primarios (entre ellos, el de la agroindustria) y el sector financiero.
Afirmar que los intentos de disciplinamiento de la clase trabajadora tienen como oposición una intensa movilización popular que está haciendo crujir las representaciones políticas y sociales.
Descartar que en el corriente año pueda gestarse una mejora generalizada de la economía. Como ocurrió en la experiencia de la década de los ‘90, de existir una mejora estadística en algún sector económico, su crecimiento no redundará en una mejora en la distribución del ingreso ni en mayor equidad social.
Reivindicar la lucha popular en las calles. Desde este colectivo estamos convencidos de que el plan político económico del macrismo hubiera avanzado con mayor velocidad sobre los derechos conquistados en los últimos doce años, de no haber existido un piso de organización del pueblo y los trabajadores. Esta resistencia nada tiene que ver con intentos de desestabilización, como se ha intentado instalar. Por el contrario, a lo largo de la historia del país nunca fue el pueblo quien engendró movimientos destituyentes, sino los grandes grupos económicos y los factores de poder.
Todo escenario de crisis sólo puede producirse por un modelo que pone la prioridad en banqueros, agroexportadores y sectores concentrados. Esto es y será pura responsabilidad de las decisiones del gobierno del presidente Mauricio Macri

* Economía Política para la Argentina (EPPA), nucleamiento donde participan 170 economistas.

Publicado en Página 12.-
www.pagina12.com.ar/33370-gobierno-para-los-ricos