Un déficit para cada modelo


El modelo de apertura y valorización financiera imperante entre 1976 y 2001 se propuso alcanzar el equilibrio fiscal mediante la minimización del Estado y el endeudamiento, pero fracasó en el intento. Aunque sus detentores hayan construido un relato de paladines de la consolidación fiscal, los resultados de esas políticas fueron elocuentes y perduran en la memoria colectiva los efectos del colapso de los años noventa. Paradójicamente, las cuentas fiscales mejoraron cuando se adoptó un rumbo orientado a la producción, antes de 1975 y después de 2003. Es en esas etapas cuando el resultado fiscal dejó de ser un objetivo para transformarse en un instrumento, evidenciando que las cuentas fiscales no se ordenan a partir del debilitamiento del Estado, sino con su fortalecimiento.

Desde una perspectiva histórica, se puede circunscribir la evolución de las cuentas públicas a los profundos cambios acaecidos en las formas de intervención del Estado. Así, previo a 1975 la característica fue un resultado económico (ingresos menos gastos corrientes) superavitario, que permitió niveles elevados de inversión pública.

Algo similar ocurrió a partir de 2003, cuando el Estado comenzó a recuperar instrumentos de intervención y a ampliar progresivamente su rol. Esta reconfiguración tuvo reflejo tanto del lado de los ingresos como de los gastos. El incremento de la presión tributaria y la apropiación de parte de la renta agraria permitieron equilibrar las cuentas al tiempo que se recuperaba la inversión pública y se expandían las prestaciones y derechos sociales. El desendeudamiento y la independencia del FMI permitieron además impulsar, con políticas fiscales expansivas, el crecimiento del mercado interno con el objeto de reducir el desempleo.

El déficit financiero aunque bajo en términos históricos (promedió 2 por ciento del PIB contra un 3,8 por ciento entre 1960-1990 o 4 por ciento en 2001) y en la comparación internacional, apareció en 2009 por el impulso fiscal adoptado para contrarrestar los efectos de la crisis internacional. No obstante, sólo en 2015, hubo un resultado económico deficitario (0,8 por ciento del PIB).

Un ardid metodológico pergeñado por los defensores del equilibrio, es que se hable generalmente de déficit primario (excluyendo de los gastos los intereses por el endeudamiento que ellos mismos ayudaron a generar, como si no formaran parte de un gasto plausible de “ajustar”) y no de resultado económico (que es el que refleja el ahorro o desahorro del sector público). Además, se excluyen de los ingresos corrientes fuentes genuinas como las rentas y utilidades del FGS o el BCRA (así medido el déficit primario fue de 4,1 por ciento del PIB en 2015).

En contraposición, en la última dictadura y durante la convertibilidad, con el equilibrio presupuestario como objetivo de política, se redujo la intervención estatal con privatizaciones y ajustes en salud, educación y seguridad social y se desregularon los mercados, incluidas las relaciones de trabajo. También se profundizó la regresividad del sistema impositivo y la merma de los ingresos tributarios (reducción en contribuciones patronales, generalización del IVA y desvío de recursos a las AFJP).  La consecuencia fue la retracción de la industria, la mayor desigualdad en la distribución del ingreso y el endeudamiento. Finalmente aumentó el déficit (3 por ciento del PIB en 2001), ya que la caída del gasto operativo del Estado se vio más que compensada por la disminución de los ingresos y la mayor carga en intereses de la deuda pública. Y se contrajo la inversión pública.

Hoy, como en el pasado, el modelo económico de Cambiemos pone en relieve la visión del Estado que trae aparejado. El acento vuelve a ponerse en el equilibrio fiscal como objetivo y se anuncian las mismas recetas de ajuste. Mientras tanto, en 2016 el déficit se incrementó (a cerca de 5 por ciento del PIB) y no para impulsar la actividad económica. Ya que éste se debió centralmente a la reducción de impuestos a sectores de elevados ingresos, en tanto se contrajo el gasto en términos reales orientado a los sectores populares.