Con sabor a poco


Por Foro Universitario de Estudios Fiscales *

La reforma de la ley del Impuesto a las Ganancias fue sesgada por la improvisación del Gobierno Nacional, la decisión de varios gobernadores de evitar un mayor costo fiscal y la tibieza de algunas fuerzas opositoras. El presidente Macri y el candidato Massa, en la campaña electoral, habían prometido que los trabajadores no deberían pagar este impuesto. Promesa irresponsable e incumplible, sólo para ganar votos. A su vez, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, en agosto, en el informe que realiza regularmente en el recinto parlamentario, había prometido la presentación de una reforma integral del tributo. Tampoco se cumplió.

El impuesto a las Ganancias es el segundo impuesto que más recauda en el país (6% del PBI) y el de mayor potencial redistributivo. Su reforma fue parcial, giró únicamente en torno a las personas físicas, que representan la mitad de la recaudación del tributo, y alcanzó pocos asuntos: a) un ajuste amarrete del mal llamado “mínimo no imponible” (23% de aumento); b) la modificación de la escala de ganancia sujeta al impuesto y c) las alícuotas. El debate parlamentario agregó aspectos positivos como la exclusión para el cálculo de las horas extras, las jubilaciones hasta $ 30.000 mensuales y las deducciones por alquiler y viáticos.

Se añadió un coeficiente de actualización, tanto para el mínimo no imponible como para las deducciones, a través de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables. Esta regla automática es un avance respecto de la escasa actualización que tuvo el concepto en los últimos años, aunque es discutible si es el mejor instrumento. Sin embargo, más trabajadores asalariados estarán alcanzados (y pagaran) por este impuesto ya que el aumento del mínimo no imponible es inferior a la variación de salarios de este año.

La modificación de la escala de alícuotas no fue sustantiva: se redujo la mínima (del 9% al 5%) y la máxima continúa, inexplicablemente ante la concentración del ingreso cada vez más aguda, en 35%. En los países desarrollados de Europa, la alícuota marginal máxima para las personas físicas está por encima del 50% (en Suecia y Dinamarca por arriba del 55%), en Estados Unidos es del 46% y en Chile del 40%. Para nosotros los máximos de la escala de alícuotas deberían ser más altos: al menos del 40% para una ganancia neta entre $ 200.000 y $ 320.000 (hoy alguien que está en esa franja pagará entre 27% y 35%) y de 45% para los que superen esa cifra.

Otro tema que no fue abordado fue el del impuesto para las sociedades comerciales (personas jurídicas). Allí la alícuota es única y plana (para todo nivel de ganancia) del 35%. Pagan lo mismo todas las empresas, sin distinción de tamaño o según reinviertan o no sus utilidades. Una reforma integral debería haber modificado esto, con alícuotas diferenciales según tamaño, utilidades normales o extraordinarias y alícuotas más altas a quienes distribuyan las ganancias en dividendos (los que además, en el Caballo de Troya de la ley de blanqueo fiscal, quedaron desgravados). Quedó en el camino, por las idas y vueltas entre el Ejecutivo y el Parlamento, algo que era muy decisivo y progresista: gravar mejor las rentas financieras (plazos fijos, títulos, bonos, acciones).

Bajo la apariencia de una reforma del impuesto para beneficiar a los asalariados (en realidad a un porcentaje de los asalariados), el proyecto no mejoró la progresividad del tributo, achatando la pirámide. La regla debería haber sido “que paguen más (muchísimo más) los que más tienen”. Esa es la única forma de consolidar un Estado que pueda brindar bienes y servicios públicos en cantidad, calidad y accesibilidad para lograr una sociedad de iguales.

* Investigadores de las Universidades Nacionales de General Sarmiento y Moreno: Hugo Andrade, Roxana Carelli, Juan Fal, Alejandro López Accotto, Carlos Martínez, Martín Mangas, Alejandro Otero, Ricardo Paparas y Alejandro Robba.